La RED DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA “CAPICÚA”, compuesta por diversas organizaciones del Estado español cuyos nombres figuran al final del presente escrito, deseamos manifestar que:
El 23 de Marzo de 2011 la Comunidad de Paz San José de Apartadó denunció ante el país y el mundo la ejecución extrajudicial de BERNARDO RÍOS LONDOÑO, de 27 años,
integrante del proyecto durante varios años, del cual se había separado últimamente para trabajar en una zona alejada de los asentamientos, pero dejando su familia en la hacienda central de San Josesito, como integrantes de la misma.
Fue ejecutado en el sitio Tierra Amarilla, ubicado sobre la carretera que conduce de Apartadó a San José, sitio donde los paramilitares han perpetrado numerosos crímenes con la tolerancia, protección y apoyo de la fuerza pública, la cual mantiene retenes a pocos minutos de distancia. Momentos antes, los paramilitares habían querido asesinar al representante legal de la Comunidad de Paz, quien se movilizaba por la misma vía en un vehículo de servicio público, pero quizás no se atrevieron a matarlo al comprobar que lo acompañaban integrantes de organizaciones internacionales. Como de costumbre, las instituciones oficiales pusieron todas las trabas posibles para entregar el cadáver de Bernardo y la Defensoría del Pueblo desactivó sus teléfonos para no tener que ayudar en esa dolorosa tarea.
Este crimen alcanzó una cierta difusión en medios de información, dado el contexto nacional de exterminio de reclamantes de tierras usurpadas. Con dicha ejecución, los victimarios buscaban seguramente aterrorizar una vez más a una Comunidad que, con sus retornos a las zonas de origen y con el reclamo de predios, viviendas y construcciones comunitarias que le pertenecen, hoy usurpadas por repobladores manipulados por la fuerza pública, sigue siendo un estorbo para el proyecto de dominio paramilitar de la zona. Sin embargo, las protestas nacionales e internacionales que se han hecho sentir, han llevado a los victimarios a realizar esfuerzos desesperados por justificar el crimen.
El miércoles 30 de marzo, en horas de la mañana, el Comandante de Policía de Urabá, Coronel JAIME ÁVILA RAMÍREZ, se expresó por las emisoras radiales de la región, afirmando que Bernardo era integrante de un grupo armado y que los órganos judiciales están esclareciendo esto, y que la Comunidad de Paz no tiene razón al acusar al Estado por este crimen.
Simultáneamente se ha sabido que Ejército y Policía han ido en búsqueda apresurada de reconocidos paramilitares para que rindan declaraciones en la Fiscalía y acusen a Bernardo de haber sido guerrillero.
Tal comportamiento no es extraño en absoluto, puesto que lo hemos observado multitud de veces antes. Las instituciones oficiales han utilizado siempre el poder judicial para justificar los crímenes, ya sea estigmatizando previamente a las víctimas, ya sea después de haberlas eliminado. Para ello se han servido siempre de los mismos mecanismos.
Los Coroneles Néstor Iván Duque y Germán Rojas Díaz, en sus largos períodos como comandantes de los batallones Bejarano Muñoz y Voltígeros, fueron conformando un grupo de supuestos “desmovilizados de las Farc” (algunos no lo eran) con el fin de demandar de ellos servicios múltiples en la destrucción de la Comunidad de Paz. Todos ellos fueron involucrados progresivamente en numerosos crímenes y presentados en las fiscalías y juzgados como “testigos” para acusar a muchos campesinos de delitos que no habían cometido.
Los fiscales y jueces recibieron los falsos testimonios omitiendo todos los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Penal para evaluar y aceptar pruebas, y actuaron como un simple apéndice del poder ejecutivo en la región. La fuerza pública utilizó, además, como piezas probatorias, informes de inteligencia y “órdenes de batalla” confeccionadas por los mismos militares y firmadas sin leerlas por falsos desmovilizados o por presos llevados ilegalmente a la Brigada XVII y sometidos a torturas.
No se ha cesado de exigir que la Presidencia de la República rectifique las viles e infames calumnias que contra la Comunidad profirió el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez el 20 de marzo de 2005, con miras a legitimar por anticipado masacres, desplazamientos, montajes judiciales, bombardeos contra poblaciones indefensas, torturas y toda clase de crímenes contra sus integrantes. Asimismo se le ha manifestado repetidas veces al Presidente Santos que tenemos derecho al buen nombre y a no ser difamados de manera tan vil. Sin embargo, aún el Presidente Santos permanece solidario en el crimen de su antecesor.
Y así continúan los hostigamientos constantes contra los integrantes de este proyecto de paz:
- El miércoles 23 de Marzo de 2011, 30 paramilitares de camuflado y con armas largas quienes se encontraban en cercanías a la Resbalosa, vereda de la Comunidad, le dijeron a un miembro de la misma que esa HP comunidad guerrillera se tenia que ir de la zona o de lo contrario continuarían los asesinatos, que tenían ya planeado con la fuerza pública una limpieza en la zona y el exterminio de la Comunidad de paz.
- El viernes 1 de Abril de 2011, a las 5:30 am aproximadamente, se registraron combates entre los paramilitares y la guerrilla en la vereda Arenas Altas, según información de habitantes del sector; varios paramilitares fueron asesinados. Anteestos hechos, que ponen en riesgo a las familias que residen allí y a la población civil en general, la comunidad intentó a través de la Defensoría del Pueblo Regional que se atendiera a las familias. Ante ello, respondieron que no podían hacer nada, que no molestaran y desconectaron los teléfonos.
- El sábado 2 de Abril de 2011, un helicóptero militar durante varias ocasiones sobrevoló la zona, mientras los paramilitares recogieron y se llevaron los cuerpos de los asesinados. Ese mismo grupo de 25 paramilitares en horas de la mañana habían pasado por el caserío de Arenas Altas amenazando que esa HP Comunidad era una manada de guerrilleros y que la iban a pagar muy caro, que esto no se quedaba así, a pesar de la presencia de la fuerza publica en la vereda que no hizo nada.
- El domingo 3 de Abril de 2011, alias Samir amenazó a través de llamadas telefónicas a campesinos del corregimiento de San José, invitándolos a que trabajen en la zona con la Brigada XVII como informantes, de lo contrario serian asesinados o judicializados. Alias Samir es un desertor de las Farc, quien se encuentra en la Brigada y nombrado gestor de paz por el gobierno de Colombia tiene un largo historial de amenazas y chantajes contra miembros de la Comunidad y contra pobladores de la región.
Estos hechos siguen demostrando claramente la continuidad de la persecución del Estado colombiano contra la Comunidad de Paz con intención de generar destrucción y el desplazamiento del campesinado e imponer la lógica de los actores armados. A lo largo de estos 14 años ha quedado claro que las grandes estructuras paramilitares que se mueven en cercanías de Nuevo Antioquia y se pasean frecuentemente por Playa Larga y otras veredas, tienen pleno respaldo de la fuerza pública y tolerancia de todas las demás instituciones del Estado, las cuales han recibido, sin reacción ninguna, durante décadas, las denuncias de sus crímenes.
Exigimos que se inicie una investigación inmediata e imparcial de las amenazas relatadas, así como que se proporcione a los miembros de la comunidad la posibilidad de que puedan exigir justicia.
Que se articulen con la Comunidad de Paz los métodos de protección que consideren necesarios, medidas que pueden incluir retirar del servicio a los mandos militares sospechosos de connivencia con estructuras paramilitares o que hayan agredido directamente a la Comunidad, hechos que, desgraciadamente, se vienen documentando desde su constitución.
Por último, que se cese en la estigmatización de la comunidad y los intentos de justificación de los crímenes cometidos tanto por estructuras paramilitares como por la fuerza pública, que no hacen más que hacer aún más sangrante el crimen cometido y propiciar la comisión de nuevas violaciones de derechos humanos en el futuro.
Esperamos su respuesta a nuestras exigencias, que trasladaremos a nuestros asociados, del mismo modo que lo hacemos con el presente documento.
Atentamente
RED DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA “CAPICÚA”
(Colectivo Sur-Cacarica, Entrepueblos-Madrid, Ecologistas en Acción, Asociación de Solidaridad con Colombia “Katío”, Asociación Guadauca, Comité Oscar Romero de Madrid y Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca)
NUESTRO SILENCIO SOLO FAVORECE A LOS VICTIMARIOS.
Ricardo Ferrer Espinosa
