ALAI, América Latina en Movimiento
2008-08-29 Colombia
¿Parafiscalía?
José Darío Castrillón Orozco
Antioquia, ha sido el departamento más castigado por las bandas de paramilitares en Colombia: No sólo tiene liderazgo en más asesinatos realizados y en usar peores métodos de exterminio, sino también en masacres, desaparecidos, y desplazados. Igualmente es la región que durante mayor tiempo ha estado bajo este control social de la criminalidad. Siendo el laboratorio dónde se lanza esta política, cosechando sus primeros réditos en cuanto a callamiento de la oposición y relanzamiento del latifundio, mediante contrarreforma agraria preventiva, no es de extrañar que sea el lugar de Colombia con mayor penetración mafiosa en su institucionalidad.
No en vano este terruño posibilitó el auge de Pablo Escobar, siempre entre amplios márgenes de popularidad: al momento de su muerte, cuando más bajo marcó en el querer de sus coterráneos, su ascendencia era del 70%. Sus ingeniosas formas de violar leyes nacionales e internacionales cautivaron el fervor de sus conciudadanos. Como toda mafia, permeó todo circulo social, empresarial, militar y político del entorno colombiano, sobretodo del antioqueño. Sin embargo, una peculiaridad diferenciaba a Escobar de las demás mafias del mundo, y de la caleña en particular.
Cuestión de método
Mientras todo gángster busca la alianza con políticos, empresarios, jueces, medios de comunicación, y demás estamentos para procurar por ellos sus intereses, aquel a quien llamaban “el patrón”, quería hacerse con las empresas, poner sus propios sacerdotes, sus propios militares y periodistas: tuvo capellán, periódico, banco y noticiero. Hasta dirigió varias guerras. No le bastó tener a los políticos comiendo de su mano y se lanzó él mismo a este campo. Mientras el cartel de Cali se empeñaba, sutilmente, en tener influencias en los gobiernos, Pablo pretendía gobernar y quería la presidencia para sí.
A su muerte sus estructuras y riquezas sobrevivieron, sólo que en otras manos. Sus métodos también permanecieron. A parte de la intimidación y el soborno, la toma de las instituciones por dentro, llevando a su seno los personajes de la mafia, continúo como sello personal del cartel de Medellín. La Fiscalía de Medellín, con todo el mal ejemplo que implica para la institucionalidad colombiana, es buen modelo de ello.
A pocos años de su muerte se inicia la toma de la Fiscalía regional por parte de este cartel. Según narra la redacción judicial del periódico El Espectador, en su trabajo publicado bajo el título “La infiltración para en la Fiscalía de Medellín”, del 28 de abril de 2007, esto sucedió entre 1996 y 1997. Algunos años después tal fenómeno será nacional por obra de Luís Camilo Osorio. Desde entonces este ente acusador creado para contener a la criminalidad, se puso al servicio de esta.
¿Cómo se da la toma de la Fiscalía?
De la forma tradicional como se convierten las entidades oficiales, en cotos privados de algunos señores: la repartija burocrática. Pese a que la constitución de 1991 manda la carrera administrativa en los órganos de justicia, sólo los fiscales locales que conocen de delitos menores, se proveen por concurso y están en carrera. Mientras que los Fiscales seccionales y, sobretodo, los especializados (que conocen delitos de narcotráfico, paramilitarismo) son nombrados por recomendación. Igual sucede con el CTI – Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación y con los Fiscales de Justicia y paz también, nombrado por recomendación. Los que recomiendan los nombramientos son nada menos que los congresistas de la coalición de Gobierno, los uribistas. En Antioquia los principales nominadores de funcionarios de la fiscalía son: Luís Alfredo Ramos, Mario Uribe, Antonio Duque, Cesar Pérez García.
Tomada por dentro la Fiscalía, se impide que avancen procesos contra jefes paramilitares y contra personalidades políticas y empresariales vinculados a ellos. Para esto se reasignan los procesos, y cuando no es posible hacerlo, se rotan a los Fiscales que llevan los mismos. Desaparecen procesos completos, hasta no quedar de ellos más que el número del radicado (como aconteció con el proceso 34.986, conocido como el del parqueadero Padilla, cuando se captura al contador de las AUC, Alberto Soto Toro, se obtienen más de 40.000 documentos contables y cientos de documentos con la relación de personalidades y empresas implicadas con estos grupos). Se desfiguran pruebas (cambiar cocaína por maizena, cambiar el arma de un crimen por otra que no funciona); desaparecen pruebas y evidencias, no reciben debidamente los testimonios. Hasta llegar al asesinato de investigadores, de testigos y de Fiscales.
Los vasos comunicantes de la Fiscalía antioqueña con la criminalidad son tales que Carlos Mario Aguilar, alias “Rogelio”, fue agente del CTI. La jefe de fiscalías de Urabá Lizeth Mayra Álvarez, protegida de Valencia Cossio, pasó de este cargo a ser siete días después, abogada de paramilitares, luego del asesinato del agente del CTI, Juan Carlos Palacio, se encontró que este tenía bienes por más de 1000 millones de pesos.
Frente al caso de Valencia Cossio, se formula en los medios la hipótesis que este abogado se corrompió al entrar a la Fiscalía, otros, como el senador, Gustavo Petro, sostienen que fueron los políticos, a quienes les despresó y sirvió la Fiscalía Luís Camilo Osorio, quienes llevaron allá la corrupción.
Cuando Guillermo León Valencia Cossio, se quema en sus aspiraciones electorales del 2002 es reciclado, gracias a las cuotas políticas de su famipartido, como Fiscal delegado ante el tribunal superior de Medellín, encargado de investigar y acusar a los demás Fiscales. Esto pese a no tener trayectoria en la rama judicial, ni formación para el cargo. Contra ello se pronunció Asonal judicial, sin efecto. En ese momento, 2002, de seis fiscales delegados, cinco fueron nombrados en piñata politiquera. Sólo un nombramiento se hizo por carrera administrativa. Resalta que tal puesto tenga una asignación salarial actual, de aproximadamente $13’000.000, mientras hay jueces que para ejercer tienen requisitos de formación y tiempo de servicio y se ganan 4’000.000.
Aunque fue Luís Camilo Osorio, quien lo nombró como Fiscal delegado, fue Mario Iguarán, quien lo puso como director seccional de Fiscalías, contrariando la ley, pues, esta dispone que para poder ejercer una provisionalidad se debe estar en carrera, el cual no era el caso de Valencia Cossio. Además, aunque el plazo máximo para una provisionalidad es de tres meses, el sujeto en cuestión completó tres años ejerciéndola.
Hace un año Asonal Judicial mandó una carta al fiscal Mario Iguarán, denunciando lo anómalo de la presencia de Valencia Cossio en tal cargo. La respuesta fue el envío de un grupo de investigadores del CTI, indagando por los Fiscales que habían delatado el hecho (otros métodos de mafia en la Fiscalía). Cuando se pudo interpelar al fiscal Iguarán sobre la permanencia de Valencia Cossio en el cargo sostenía: “es un buen director”.
Este no es un caso más de corrupción, más que un episodio de venalidad, es otro capítulo de la parapolítica. Si se quiere conocer cual es la proporción de la infiltración paramilitar en la Fiscalía, basta con establecer cual es la proporción en la que participa el paramilitarismo en la coalición de Gobierno. Por algo se recuerda ahora que cuando Valencia Cossio fue secuestrado, en un sangriento episodio, por Carlos Castaño, su esposa al ser enterada que el autor era Castaño, ante las cámaras de la televisión exclamó: “¡Gracias a Dios está en buenas manos!”.
José Darío Castrillón Orozco
Psicólogo
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
semanariovirtual@viva.org.co
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Ricardo Ferrer Espinosa
