viernes, 19 de octubre de 2007

Masacres en el río Atrato, Colombia. Testimonio

Madrid, España, Enero de 2008

Actualización del texto que se ha publicado desde el 28 de febrero de 2007

DE: RICARDO FERRER ESPINOSA

PARA: ORGANIZACIONES DE VÍCTIMAS DEL ESTADO COLOMBIANO

ASUNTO: TESTIMONIO PÚBLICO SOBRE LA MASACRE OCURRIDA EN VIGÍA DEL
FUERTE, ANTIOQUIA, COLOMBIA. MAYO JUNIO DE 1997.

Datos de la masacre perpetrada por los escuadrones de la muerte del ejército colombiano en Vigía del Fuerte, Antioquia, Colombia entre el 22 de mayo y el 5 de junio de 1997.


Para descargar una copia de este documento en formato word, pinche aqui: "Que un día termine la Noche y la Niebla que hoy gobiernan en Colombia"




PALABRAS CLAVE:


INDICE DE LA DENUNCIA
- JUSTICIA DENEGADA


- LOS PARAMILITARES NO RESPETARON LOS HOSPITALES DE VIGÍA DEL FUERTE





INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA






LAS VÍCTIMAS DEL ESTADO COLOMBIANO PEDIMOS JUSTICIA

HECHOS:

El 22 de mayo de 1997 el escuadrón de la muerte “AUTODEFENSAS DE CÓRDOBA Y URABÁ” irrumpió en el municipio de Vigía del Fuerte, Departamento de Antioquia en el noroeste colombiano.

Mas de 100 hombres armados con fusiles y ametralladoras ingresaron en seis “pangas” -lanchas rápidas- por el río Atrato. Reunieron a casi todos los habitantes para advertirles que en adelante el poblado quedaba bajo su control. El primer día mataron a 22 civiles. Ninguna autoridad intervino para proteger a la población civil. El 23 de mayo se repitió la misma acción contra el municipio de Murindó, unos kilómetros mas al norte, aguas abajo en el río Atrato.

Los paramilitares no respetaron ni los bienes del hospital, pues se llevaron la lancha - ambulancia y equipo médico quirúrgico. En adelante, desde mayo a octubre de 1997- numerosos cadáveres, cuya cifra aun no se ha calculado oficialmente, flotaron en las aguas del río Atrato. El escuadrón de la muerte “Autodefensas de Córdoba y Urabá” prohibió recoger los cuerpos que fueron devorados por las aves y los peces. Los pobladores de la región fueron desplazados masivamente hacia otros sitios del país. En su mayoría no cuentan con protección del Estado. La orden dada por los escuadrones de la muerte de no recoger los cadáveres fue acatada por las autoridades locales.

El viernes 30 de mayo de 1997 fui llamado a mediar por la vida de los 10 Infantes de Marina que las FARC tenían como prisioneros desde enero de 1997 en el departamento de El Chocó.

Acepté hacer la mediación.

Durante mi viaje a Vigía del Fuerte escuché testimonios contra el ejército de Colombia que venía cometiendo masacres contra la población civil residente en las riveras del río Atrato. Denuncié ante la justicia las acciones del ejército y sus escuadrones de la muerte. Posteriormente, con más información, amplié la denuncia y colaboré frecuentemente con el equipo judicial hasta mi exilio, el 15 de febrero de 1998.


En la mañana del viernes 30 de mayo de 1997 entró un mensajero de las FARC a mi oficina. La comandancia de las FARC necesitaba un mediador entre la guerrilla y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Yo podía ser ese mediador. El guerrillero ya me conocía. Explicó que su organización tenía un problema muy grave en el Atrato. Según el mensajero, los militares habían ubicado el sitio exacto donde la guerrilla retenía a los diez Infantes de Marina, cerca a Murindó en las selvas de El Chocó.

Guerrilleros y cautivos estaban bajo cerco unificado de paramilitares y tropas del ejército. El combate estaba a punto de iniciarse y se podía producir una matanza. Dados los hechos, las FARC tenían verdadera urgencia de entregar los cautivos al Comité Internacional de la Cruz Roja y cumplir el acuerdo humanitario que se había logrado desde 1996 con el gobierno.

En nombre de su agrupación, el guerrillero me solicitó participar en las gestiones necesarias para liberar a los 10 Infantes de Marina. Como precedente, la guerrilla sabía de mi mediación en otros conflictos en barrios de Medellín. Estas mediaciones eran normales en mi trabajo como jefe de Comunicaciones de Metrosalud la red de salud de Medellín.

Dado que en el Derecho Internacional Humanitario se reconoce la neutralidad de los servicios de salud, la guerrilla decidió solicitar mi mediación o buenos oficios. En el Derecho Internacional Humanitario las entidades como Metrosalud son consideradas neutrales. Son reconocidas y respetadas por los actores del conflicto.

Mi mediación facilitaba dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo Tercero Común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949, sobre Derecho Internacional Humanitario. Especialmente se consideraba la necesidad de proteger a “personas puestas fuera de combate por detención”.

Dicho de otro modo, Prisioneros de guerra: Combatientes que deponen sus armas en medio del combate. Los diez Infantes de Marina, capturados por la guerrilla en El Chocó, se encontraban “fuera de combate por detención”, definición exacta que daba plena aplicación al Artículo tercero Común de los cuatro convenios de Ginebra. A su vez la guerrilla tenía una seria responsabilidad, porque debía responder por la vida e integridad de los cautivos.

Según el pacto públicamente conocido, entre gobierno y la guerrilla, el Estado despejaría militarmente una región de Colombia (la zona del Caguán) y la guerrilla se comprometía a devolver allí a los cautivos el 15 de junio de 1997, fecha que estaba muy próxima.

La guerrilla se había comprometido a entregar pruebas indudables de supervivencia de los cautivos, señas que debían ser canalizadas hacia el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. Los documentos debían llegar a tiempo o quedaba en entredicho toda la negociación entre el gobierno y la guerrilla. El procedimiento normal es que el CICR analiza la autenticidad de los documentos, fotos y cartas de los cautivos que el grupo armado envía. Solo entonces, con plena certidumbre sobre las pruebas, el Comité Internacional de laCruz Roja inicia el operativo de recepción.

Tal verificación es necesaria para no exponer recursos humanos y técnicos ante impostores. A su vez el gobierno facilitaría oportunamente la actividad del CICR, expidiendo una directiva presidencial por medio de la cual las Fuerzas Armadas se abstendrían de atacar aeronaves en un espacio geográfico definido del territorio nacional, durante unas fechas concretas. Hecho el despeje militar, la guerrilla llevaría hasta la zona a los 70 militares cautivos.

En la zona despejada el CICR procedería a la recepción de los prisioneros. El CICR haría la verificación del estado físico y mental de cada combatiente (soldados e infantes de Marina). Finalmente el CICR haría la entrega formal de los militares liberados a sus mandos. La secuencia obedece a procedimientos normalizados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, para activar la liberación de combatientes y militares, durante sus intensos años de labor. La guerrilla necesitaba con carácter urgente la mediación o buenos oficios.

Mi papel consistía en ir a la región del Atrato y recibir el sobre con las pruebas de supervivencia de los 10 militares (Infantes de Marina). Luego yo remitirían éstos documentos al CICR que culminaría el operativo de liberación.

Luego de hacer este trámite, yo seguiría haciendo mi vida normal. Frente al Derecho Internacional Humanitario, yo no tenía impedimentos para ser mediador. Colombia suscribió diferentes tratados, protocolos y normas generales sobre respeto al Derecho Internacional Humanitario y gran parte de ellos han sido ratificados por el Congreso de la Republica.Frente al Derecho Internacional Humanitario era y es legítima mi mediación. En Colombia las mediaciones por motivos humanitarios tienen amparo legal en varios artículos de la Constitución Nacional de 1991:

-Articulo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

- Artículo 67: “… la educación formará a los colombianos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”.

- Artículo 95 de la Constitución de 1991: “... son deberes de la persona y el ciudadano “propender al logro y al mantenimiento de la paz”. Otro apoyo a la mediación que la guerrilla me solicitaba nacía de la coyuntura política, en la cual se buscaban oportunidades para la paz y la distensión militar. Finalmente, siempre que he hecho una mediación apelo a mi conciencia, motivado por una frase del Deuteronomio: “Elegirás la vida”.

Se trataba de gestionar la liberación de 10 militares puestos fuera de combate, 10 personas cuyas vidas estaban en peligro inminente. Para realizar la mediación, yo debía cumplir un itinerario: Al día siguiente, sábado 31 de mayo iría a los hangares del Aeropuerto Olaya Herrera para tomar un cupo en el vuelo "charter" que salía semanalmente desde Medellín hasta el municipio de Vigía del Fuerte.

Del aeropuerto de Vigía del Fuerte debía ir directo al río y alquilar una lancha que me llevara al municipio de Murindó, cuatro horas río abajo en el Atrato. En Murindó debía salir del bote directo a alojarme en una residencia. En cualquier sitio de Murindó podía ocurrir que cualquier persona civil o algún guerrillero me abordara directamente para entregarme un sobre con las pruebas de supervivencia.

Si no ocurría el encuentro durante el sábado 31 de mayo, debía salir a visitar algunas entidades públicas, como la alcaldía, el hospital, la escuela, el despacho parroquial. Debía estar siempre visible y así, en algún sitio del recorrido, alguien me abordaría para entregarme el sobre. Me podía abordar un grupo de la guerrilla con sus armas abiertamente en porte, o simplemente una persona civil, desde un pescador, lanchero, sacerdote o cualquier funcionario. Una vez recibido el paquete yo debía guardarlo de cualquier control militar, policial o de las autodefensas.

Si todo se cumplía al pie de la letra yo debía volver a Medellín inmediatamente el 2 o el 3 de junio y entregar su contenido a diferentes entidades según una serie de instrucciones.

PLENO CONTROL PARAMILITAR EN VIGÍA DEL FUERTE

Ese mismo viernes 30 de mayo, hice la llamada al hangar del aeropuerto Olaya Herrera y reservé cupo en el vuelo semanal entre Medellín y Vigía del Fuerte. Anotaron mi nombre y el teléfono de mi casa.Me explicaron que por costumbre, si la empresa operadora de los vuelos completa el cupo del avión antes de tiempo, el empleado llama a los pasajeros por teléfono y se puede volar más temprano. En vez de salir a las 11:00 de la mañana, podíamos despegar a las 5:40 de la madrugada.

Pensé que esas horas de ventaja me permitirían llegar de día a Murindó. En la mañana del sábado 31 de mayo 97 tome un taxi y fui directo al Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Llegamos al puesto de control militar en el acceso a la sección de aviones privados. El soldado que tenía el control de la entrada hizo parar el taxi, me preguntó a cual hangar me dirigía y a cual pueblo pensaba volar.

El Ejército controla así a cada persona que entra a las llamadas zonas rojas o de orden publico. Mostré mi carné de funcionario y pude seguir. En el hangar 31, según me habían indicado, el piloto Diego Zapata maneja un grupo de aviadores dedicados a los vuelos "charter". Desde este hangar en Medellín, salen vuelos hacia regiones remotas de Antioquia, El Chocó, el Magdalena Medio u el sur del Departamento de Córdoba. Pregunté por el piloto Zapata y me respondieron que estaba volando, posiblemente a Ituango.El empleado que me atendió tenia anotados los nombres y los teléfonos de cada uno los pasajeros en un simple cuaderno. Me recibió el dinero del viaje pero no me dio recibo ni pasabordo.

Un hombre negro, fornido, entró a la oficina, apoyo sus manos fuertemente sobre mi hombro y me avisó que necesitaba dialogar conmigo. No lo conocía. Se me ocurrió pensar que era algún agente de la seguridad aeroportuaria, un agente de la inteligencia militar (B-2) o un agente rural del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Se presentó como [ ] Sin conocerme, me preguntó sin rodeos el motivo de mi visita a Vigía del Fuerte. Me hizo un interrogatorio riguroso. ¿Adónde viajaba? ¿A quién iba a ver? ¿Cuánto me iba a demorar? ¿Cómo iba a volver a Medellín? No estaba en mis previsiones ese interrogatorio. Esperaba enfrentar algo así llegando a Murindó, pero no en Medellín.

Le respondí que los Hospitales Públicos (Empresas Sociales del Estado) estábamos organizando un seminario nacional y queríamos contar con los alcaldes de la zona del Atrato, lo cual era cierto. Al parecer, [ ] se dio por satisfecho con mis explicaciones, pero me advirtió, sin conocerme, que el viaje a Vigía del Fuerte podía ser muy peligroso. A esa hora, ninguno de mis amigos, familiares o compañeros de trabajo sabía que iba a viajar a cientos de kilómetros de Medellín. Si me pasaba cualquier cosa no tendría ayuda.

Vigía del Fuerte es un poblado pequeño. En la mitad del pueblo está la pista aérea. Una vez a la semana llegaba el vuelo “charter” desde Medellín. Cuando el avión aterrizó y se detuvo, vi que llegaron docenas de personas. Pensé que en un pueblo habituado a la rutina de los vuelos semanales, tantos curiosos en la pista señalaban que allí estaba ocurriendo algo fuera de lo normal.

Por costumbre de la gente del lugar, las aeronaves no son identificadas por sus nombres comerciales, sino que se habla de aviones de cuatro, 8, 16 o 24 puestos.Recordé que habíamos llegado en un avión mediano, con 16 puestos. Vi que hubo tumulto de los siguientes pasajeros por conseguir silla en el avión que despegó inmediatamente. Según el itinerario fijado desde Medellín, mi siguiente paso era ir al embarcadero para conseguir una lancha que me llevara a Murindó, cuatro horas río abajo en el Atrato.

En el embarcadero, a orillas del río Atrato, vi a un lanchero y le dije que quería ir a Murindó. Era un hombre muy anciano. Con voz casi inaudible me indicó que ese día ellos no estaban bajando a Murindó. Supuse que siempre había lancheros en el embarcadero dispuestos a hacer el viaje. Recorrí la orilla mirando botes y lanchas, pero nadie me quiso explicar los motivos por los cuales ese día nadie quería viajar a Murindó.

Pensé que los lancheros querían ganar más dinero por el viaje y yo estaba listo para regatear.Entiéndanos, "Doctor". Es que no están bajando lanchas hacia Murindó, me dijeron en grupo. Me repitieron la respuesta aún cuando les propuse hacer el viaje por más dinero. Otra señal de que algo estaba fuera de la rutina.Decidí entonces ir a la alcaldía. Vi a Indígenas con sus vestidos tradicionales, negros en bermudas y sin camisa; ancianos, mujeres y niños harapientos que deambulaban por todos los rincones de la Alcaldía.

Me presenté ante el alcalde, Wilson Chaverra. Alrededor de su mesa estaban cuatro personas. Le informé que en Medellín estábamos preparando el Segundo Seminario Nacional de las Empresas Sociales del Estado. Le hice saber que de ese evento dependía el futuro de los hospitales locales y la recuperación presupuestal de la salud pública en todo el país. Todo era cierto: el evento, las fechas y los participantes. (Pero además, debía ir a Murindó y recibir las pruebas de supervivencia de 10 Infantes de Marina). Le entregué al alcalde los textos educativos de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad que habíamos elaborado los empleados de Metrosalud y un libro sobre prevención y atención de desastres. Se notaba mucha tensión entre el alcalde y quienes le acompañaban.

Los funcionarios de la alcaldía me recibieron las cartillas, los plegables, los libros y procedieron a mecanografiar una nota de recibo oficial con membrete de la alcaldía. Igualmente tramitaron una constancia de mi visita, que se acostumbra dar a los funcionarios públicos cuando viajan en comisión a otra región. Pregunté cuando salía la siguiente lancha hacia Murindó. No obtuve respuesta.

Mientras mecanografiaban el recibo del material educativo y elaboraban el certificado de visita -el cumplido, en la jerga administrativa- me dirigí al orinal de la alcaldía. [ ] me siguió. Tan pronto quedamos solos en el orinal me dijo en voz baja y sin mirarme: Usted está en serio peligro de muerte. Aquí están pasando muchas cosas. Tiene que buscar el modo de irse lo más pronto posible. Yo sé porque le digo. Es mejor que usted no baje a Murindó, porque al contrario, toda la gente se está viniendo de allá.No dijo más.

[ ] salió a mezclarse entre el personal de la alcaldía y no volvió a dirigirme la palabra. Cuando volví del orinal al despacho del alcalde me dediqué entonces a mirar las caras, a observar el ambiente que había vivía en las oficinas. Hasta donde me había contado el mensajero de las FARC en Medellín, la región estaba en disputa entre guerrilla y paramilitares. Por lo que me dijo el secretario del alcalde, comprendí que los guerrilleros ya se habían marchado de la zona. Los paramilitares ya tenían todo el control del casco urbano en Vigía del Fuerte y posiblemente de Murindó. Estoy seguro que los paramilitares ya estaban en la alcaldía. Estoy casi seguro de que eran paramilitares los hombres que estaban dialogando con el alcalde Wilson Chaverra cuando yo entré a la oficina sin previo aviso.


Algo estaba fuera de orden: el ejército regularmente hace presencia rutinaria a lo largo del río Atrato. Pero ese día no había tropa a la vista. Al salir de la Alcaldía oí que varias personas me decían cosas, muy rápidamente, en voz baja, pero no les entendí lo que me decían en ese momento. Sentí miedo. A esa hora yo quería salir de Vigía del Fuerte, pero no había más vuelos a Medellín y ninguna lancha podía salir a Quibdó. LOS PARAMILITARES NO RESPETARON LOS HOSPITALES DE VIGÍA DEL FUERTE Y MURINDÓ Fui al hospital municipal.

Noté que en el embarcadero y en toda la orilla del río había silencio y muy poca gente en la calle. Lo normal en ese tipo de pueblos de tierra caliente es que las zonas vecinas al embarcadero están llenas de gente, de ventas callejeras, humo de fritangas y sobre todo, música. Tampoco pude ver a los pescadores o niños chapoteando en el agua. En un día de calor pegajoso con más de 35 grados de temperatura media, el río estaba solo.

En el hospital, pregunté por el director médico o el administrador. El director médico no estaba y unas adolescentes me mostraron la oficina del administrador. Las adolescentes estaban allí, de paso, acompañando a los funcionarios y a los voluntarios de la salud, que venían en misión oficial desde Murindó.

Yo quería preguntarles la razón por la cual se estaba viniendo la gente de Murindó, pero me quedé callado. En cambio les pregunté si podía unirme a ellos de retorno, si tenían cupo en las lanchas. Me respondieron que había espacio suficiente en la lancha pero estaban solucionando primero un problema.

Otro miembro del voluntariado del hospital me respondió que ellos aún se demoraban un poco en Vigía del Fuerte. Les ofrecí dinero para que me incluyeran en el viaje de retorno. Les ofrecí pagar el consumo de gasolina y ellos no aceptaron. Una joven me dijo francamente que si yo quería bajar a Murindó, debía presentarme ante el comandante de las autodefensas y pedirle permiso para hacer el recorrido.

Según ella, si el comandante aprobaba, entonces la comisión hospitalaria de Murindó podía incluirme en el viaje. Al ver mi perplejidad, otra joven negra, fue más directa: Si yo me unía a la comisión sin permiso del jefe de las autodefensas, los podían matar a todos. Ella me explicó que cuando los salubristas se disponían a salir de Murindó, el jefe de las autodefensas en ese municipio les controló la partida.

Anotaron el nombre de todos y cada uno. Anotaron cada cosa que los funcionarios de la salud empacaron en la lancha, especialmente comida, medicinas y ropa. Los paramilitares les preguntaron cuanto tiempo se demorarían en hacer sus diligencias en Vigía del Fuerte y con cuales funcionarios se tenían que entrevistar.

Igualmente, los obligaron a dar la lista de compras e insumos hospitalarios que traerían de vuelta a Murindó.Otra joven relató que antes de salir su grupo, de Murindó a Vigía del Fuerte, los paramilitares les hicieron una advertencia: Debían ir y volver los mismos que estaban anotados. Debían presentarse ante el comandante de las autodefensas en Vigía para que este le avisara por radio al jefe de las autodefensas en Murindó si había cambios.

Si a Murindó llegaba la lancha del hospital con algún desconocido, lo matarían inmediatamente y lo lanzarían al río. Me dijeron que algo así ya le había sucedido a personas que llegaban con más alimentos de los autorizados por los paramilitares. Estaban controlando sobre todo la sal y la gasolina. El grupo de las autodefensas en Murindó les controlaba también la cantidad de gasolina que debían tanquear (repostar) en la lancha.

Los funcionarios de Murindó contaron que llegaron a Vigía del Fuerte con la cantidad justa, antes de que el motor se les apagara. Para volver a Murindó debían tanquear de nuevo la lancha del hospital en presencia de los paramilitares. Cada gota de gasolina en la región estaba controlada por los paramilitares. El panorama había cambiado por completo.

El guerrillero que me visitó en Medellín, me previno que yo me iba a encontrar un reten de las Autodefensas en medio del río llegando a Murindó. Un solo retén. Por lo que contaron, en el hospital, la situación estaba más complicada: cada poblado tenía por lo menos dos retenes dedicados a controlar todo lo que se moviera aguas abajo y aguas arriba. Además había patrullaje permanente de lanchas a lo largo y ancho de todo el río.

También había miembros de las autodefensas en el casco urbano de los poblados y los funcionarios municipales se sometían a su mandato.

Control total.

Pude dialogar con el administrador del hospital. Primero me contó que El hospital estaba en quiebra: Los médicos, enfermeras y personal asistencial llevaban cuatro meses sin sueldo. Luego me dijo que debía tener mucho cuidado al salir y andar siempre acompañado. Al administrador le hablé del II Seminario Nacional sobre Empresas Sociales del Estado que planeábamos realizar en Medellín.

El funcionario me contó que los hospitales de la cuenca del Atrato, incluido el de Quibdó estaban en igual situación de quiebra, el personal estaba mal pagado, no había suministros suficientes y la atención a los usuarios había decaído a extremos de nivel primario. En medio de esa crisis en los servicios de salud, el hospital de Vigía del Fuerte no tenía los medios necesarios y suficientes para que atender a la población propia y las personas que estaban huyendo de Murindó.Apenas se podían brindar los primeros y únicos auxilios.

En caso de gravedad, los pacientes debían ser remitidos en avión hacia Medellín o en lancha hacia Quibdó, la capital de El Chocó, es decir, 5 o 6 horas en bote, contra la corriente del río. Estuve unos minutos a solas. Una adolescente se presentó y me dijo que era voluntaria del hospital de Murindó. Que hacía parte del grupo de “Vigías de la Salud”. Pero yo no recordaba haberla visto antes, con las otras jóvenes. Me sugirió salir del hospital para ir directamente hacia el sitio en el cual estaba el comandante de las autodefensas. Me dijo: “el comandante es un hombre muy querido, todo un amor. El le ayuda a la gente”.

Se ofreció a acompañarme. Ella me dijo que si yo le hablaba en buenos términos “el comandante” posiblemente me daría el permiso para ir a Murindó. Le hablé a la jovencita de otros temas pero no le di respuesta. Yo no quería ver al sicario. Le pregunté a la jovencita por un hotel o una residencia en el pueblo, los horarios de las lanchas que salen de Vigía del fuerte hacia Quibdó, los hoteles de Quibdó, el día en que debía aterrizar el próximo vuelo en Vigía del Fuerte y los horarios de los vuelos entre Quibdó y Medellín. Ella me respondió todo lo que le pregunté y me sugirió el nombre de un hotel en Quibdó. (Ahora no recuerdo el nombre del hotel). Era el hotel más cercano al embarcadero.

Por fin llegó el médico, que venía acompañado por una enfermera. Me presenté y dije que quería ir a Murindó o a Quibdó. El médico me explicó que si yo iba a Murindó simplemente no tendría con quien hablar. El pueblo se estaba quedando solo.No había alcalde ni funcionarios, y el director del hospital, un médico de apellido Flores, se había ido en el mismo avión en el cual yo había llegado. Lo habían amenazado. (Este médico fue asesinado luego cerca de Medellín, por las autodefensas).

Sobre el viaje a Quibdó, el director médico me dijo que se podía contratar un viaje en lancha. El hospital tenía pendiente una salida a Quibdó con un grupo de parturientas. Los trabajadores del hospital podían salir a comprarme un boleto de viaje y si yo tenía suerte podía ir en el mismo viaje. Le pregunté al médico por un buen sitio para ir a almorzar y la enfermera me recomendó el restaurante en el cual comía siempre la gente del hospital.

Antes de ir al restaurante me alojé en el hotelito vecino al hospital. Lo atendía un anciano que hacía todas las tareas. Me contó que esa tarde yo era el único huésped pero que pocos días antes el sitio tuvo cupo completo.Ahora todos se habían ido. En la residencia se alojaban enfermeras, profesores, funcionarios públicos nacionales, departamentales y de otros institutos descentralizados, además de contratistas temporales. Todos se habían ido.

Pagué una noche al hospedero y salí a almorzar. Yo quería estar entre la gente porque tenía miedo. Era un extraño en el sitio y por lo tanto, vulnerable. Pensé que mientras más gente me viera, sobre todo si eran funcionarios públicos, menos riesgo tenía de que pasara algo. Como desaparecer sin dejar rastro. COMANDANTES PARAMILITARES DE LA REGIÓN DEL ATRATO Llegué al restaurante que me recomendaron los funcionarios del hospital. Los clientes habituales eran funcionarios públicos y contratistas que visitaban el pueblo por temporadas.

El sábado 31 de mayo (1997) el comedor se encontraba medio vacío porque los comensales de siempre habían escapado en los últimos vuelos. Tras de mí llegaron una adolescente con un niño, una anciana y otra mujer más joven. Una adolescente le ayudaba a su madre sirviendo los alimentos. Yo quería estar silencioso, sin llamar la atención.

Una anciana que estaba almorzando sola, en la mesa ubicada a mi espalda dijo discreta y nítidamente: Señor, Usted tiene que hacer algo para que se sepa lo que esta ocurriendo aquí. Empezó a contar que hacía diez días se había iniciado allí una matanza. La gente empezó a hablarme en voz baja, pero sin mirarme a la cara.

Me contaron lo que estaba pasando en el pueblo, con muchos detalles. Hablaban con suficiente voz para que yo les entendiera. Todos me hablaban, con disimulo, con miedo de ser escuchados desde afuera. Según me contaron, ellos ya sabían que yo no había querido presentarme ante el comandante de las autodefensas.

Les conté de la conversación con la mujer que me pidió ir a donde “el comandante”. Los comensales me preguntaron con quién más había hablado. Me decían que yo debía hacer algo por ellos. Que yo debía salir y denunciar lo que estaba pasando en la región. Tenían rabia porque les habían matado a varios amigos del pueblo y en la radio no salía ninguna noticia.

Comentaron que el avión en el cual llegué volvió a salir al instante con su cupo completo. Ellos ya sabían que yo quería ir a Murindó y me repitieron que el médico Flores se había cruzado conmigo en el aeródromo. El Doctor Flores se fue en el avión porque los paramilitares lo habían amenazado. Por eso la gente del restaurante me decía que no era buena idea bajar a Murindó, porque no encontraría un solo funcionario público.

Los comensales me contaron lo que pasaba alrededor de los vuelos. Cuando se iniciaron las matanzas, el aeródromo pasó de recibir un vuelo semanal, a programar numerosos vuelos diarios. Los pasajeros eran gente que escapaba de Vigía del Fuerte, Bellavista y Murindó. Me decían que el pueblo era como una cárcel. Ellos me contaron que hasta mayo de 1997 nunca habían salido tantos vuelos desde Vigía del Fuerte al aeropuerto Olaya Herrera en Medellín, y todos con el pasaje completo.

Pero el sábado 31 de mayo ya no salían más vuelos y por eso ellos me preguntaron cómo pensaba volver a Medellín. A mi me daba miedo que los descubrieran contándome los detalles de una matanza, justo cuando los asesinos estaban controlando todo el poblado. La anciana siguió contando que le habían matado a un familiar. Precisamente el que le ayudaba para el sustento. Alguien tiene que hacer algo, me dijo.

Luego una adolescente habló. Estaba furiosa porque los paramilitares habían matado a su amigo. Alzó la voz y dijo: “Está bien que ellos maten a los degenerados, a los viciosos, a los guerrilleros y a los vagos, pero él (su compañero) no tenía problemas con nadie. Ellos no tenían ningún motivo para matarlo. Son unos hijueputas”.

Durante el almuerzo la gente me pidió que saliera a denunciar las barbaridades que ellos presenciaron durante los últimos diez días: Los testimonios coincidían en una versión central: El 22 de mayo (1997) llegaron los paramilitares. Que tenían armas “automáticas”. Llegaron en “pangas” (botes rápidos) a las pequeñas comunidades y empezaron a matar a varias personas (civiles) acusándolas de colaborar con las guerrillas.

Los días siguientes hicieron la llamada “limpieza social” con el asesinato de algunos ladrones, indigentes y consumidores de drogas.La mayor parte de los cadáveres fueron arrojados al río. Los vecinos mencionaban nombres de las victimas. Nombres sueltos. Nadie tenía una lista completa que permitiera saber realmente a cuanta gente mataron durante la primera semana.

“Ayer vino una patrulla del Ejercito aquí y los soldados no les pusieron problemas a los paracos”. Los comensales decían que los militares no vieron, no quisieron ver los cadáveres en el río. “Nos están matando y por la radio no sale ni una noticia”. Vino más gente. Entró al restaurante un empleado que ya había visto en el hospital, [ ]. Me saludó.

Los del restaurante hablaron con más confianza. Dejaron de hablar en susurros y siguieron hablando con más confianza. El empleado del hospital me dio más detalles de los relatos. El funcionario del hospital fue el único que se sentó a mi mesa. Abiertamente confirmó que los uniformados del ejército habían estado en Vigía del Fuerte a los dos días de la ofensiva paramilitar, pero se habían abstenido de intervenir en favor de la población civil, protegerla o confrontar a los escuadrones de la muerte.

“Ellos se vieron, se trataron como viejos conocidos y los soldados los dejaron instalados aquí en el pueblo”, dijo otro comensal, un hombre viejo. La voz se le quebró. Fue lo único que le oí decir. Lo vi que miraba al suelo y estaba llorando. Lo primero que hicieron fue llevar a la gente del pueblo a la escuela, dijo un joven. Nos obligaron a ir aunque no queríamos. Luego empezaron una arenga: “que ellos estaban en lucha contra la guerrilla, que iban a matar a todos los colaboradores de la guerrilla”.

Todos los alumnos y todos los profesores de las unidades escolares vieron a los paramilitares. Son testigos. Los únicos que no se dieron cuenta de nada fueron el alcalde y el comandante de la policía, que se quedaron quietos.Todos acusaban a la policía de Vigía del Fuerte por omisión. Escuché lo que me contaban pero a nadie le pregunté el nombre o apellido. Ellos tenían confianza en mí y yo pensé que no podía ponerlos en peligro. Cuando les pregunté si habían hecho alguna denuncia, ellos me contestaron que no había a quien ponerle la denuncia, que ya no creían en la justicia. Por eso insistían tanto en que había que hacer una denuncia pública.

Por el aislamiento del río Atrato (fluye en medio de la selva), las masacres no fueron noticia en el resto del país.La gente me explicaba que los pueblos “en estas lejanías” (en medio de la selva en el Atrato) son verdaderas trampas. No existen vías o algo parecido a carreteras.En toda la población hay una sola estación de teléfonos y por esos días estaba fuera de servicio. Las pocas veces que funcionaba, la controlaban los paramilitares.

La pista aérea en Vigía del Fuerte y el río son las únicas alternativas para los viajeros o habitantes de la selva.(Los paramilitares) “se dedicaron a controlar todo. No se mueve nadie sin permiso de ellos. Deciden si hay permiso o no para ir a Quibdo o a Murindó. Si uno sale con mercado, ellos anotan lo que se lleva cada familia. Avisan por radio al otrolado. Si el mercado no corresponde a lo que ellos anotan, entonces matan a la gente ahí mismo en el río”. Esta versión la oí varias veces de personas diferentes.“La gasolina esta controlada. Todas las pangas (botes) deben tanquear en la bomba. Hay una sola bomba (estación) de gasolina y está controlada por los paramilitares. Apenas dan la gasolina para llegar al otro pueblo”.

Luego ellos mencionaron los nombres de los comandantes paramilitares en la región. Se hacían llamar mi sangre, el Alacrán, el Médico, el Ovejo. De “el médico” supe mas tarde en Medellín que el apodo lo recibió por su costumbre de despedazar vivas a sus víctimas). “El Ovejo” era el comandante paramilitar de Murindó.

Volví a la residencia. Me puse a leer un libro (Bel Amí) que me había regalado mi hermano mayor el día de mi graduación como periodista. !!!

SIEMPRE LES AVISABAN DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA !!!

Tocaron a mi puerta, violentamente. Abrí y vi una pareja. Él empuñaba una pistola y la apuntaba hacia mí. Yo retrocedí hasta el fondo de la habitación y le mostré mis manos vacías. Pensé que ya me iban a matar. Me revisó la camisa, el pantalón y las medias (los calcetines). Él era un joven negro con muy buena presencia, muy fornido. Venía acompañado con una mujer muy joven.

Le pregunté si era agente del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) o del B-2 (inteligencia militar). Me respondió con voz alta, como si estuviera delante de mucha gente: “Nosotros somos las Autodefensas de Córdoba y Urabá y estamos en guerra a muerte con la guerrilla. Y vamos a matar a cada uno de los simpatizantes de la guerrilla, a todos los colaboradores. A la basura”.

Era el comandante paramilitar al cual yo no había querido ver durante la mañana. No era tan amable como lo había descrito la adolescente del hospital. Revisó debajo de mi cama, alzó el colchón y revisó la almohada. Hizo muchas preguntas y anotó mis datos personales y mis números de teléfono. Se fijó en el libro que yo estaba leyendo. Se fijó en la dedicatoria que había escrito mi hermano en las primeras hojas. Entonces se puso a gritarme.

Cada vez estaba más enojado y me preguntaba de qué tema hablaba el libro. Tuve que explicarle que Guy de Maupassant, el autor, era un novelista francés del siglo XIX, que nada tenía que ver con las cosas de Colombia. No parecía entender lo que le dije de los novelistas de Francia y el siglo XIX. Para mi quedó claro que “el comandante” apenas sabía leer.

Revisó mi escarapela de funcionario. La mujer que lo acompañaba revisó mi ropa, minuciosamente hasta el último calcetín. Afortunadamente no vieron mi tarjeta de periodista, que llevaba en un bolsillo lateral de mi maletín. Luego miraron los folios y unas fotocopias. Les mostré las cartillas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y les hable del problema de financiación de los servicios de salud. No entendió ni la mitad de lo que le dije.

Me dijo entonces que no coincidían varias cosas que le habían dicho sobre mí. Después me preguntó detalles sobre temas que yo había abordado únicamente con [ ] y el alcalde Wilson Chaverra. Precisamente sobre las relaciones entre las direcciones de la Salud Departamental de Antioquia y la Salud Municipal de Medellín. El paramilitar dijo que nadie les avisó que yo venía. Explicó que lo normal era que de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y de la Gobernación de Antioquia les avisaban por teléfono antes de enviar a la región un funcionario departamental (provincial).

Durante mi viaje yo solo había hablado del reordenamiento de la seguridad social con [ ]con el alcalde activo, Wilson Chaverra en su despacho de Vigía y con la gente del hospital. Con ellos había dialogado sobre el nuevo régimen de las Empresas Sociales del Estado como Metrosalud, que disfrutaban de autonomía en su gestión y que no dependían siempre del gobierno departamental. [ ] o el alcalde Wilson Chaverra le había informado al jefe paramilitar detalles de la conversación que habíamos sostenido.

Por lo que me dijo el paramilitar, estoy absolutamente seguro de que había una relación muy directa entre los altos funcionarios de la Gobernación de Antioquia, con los escuadrones de la muerte que mandaban en la región. El Gobernador de Antioquia era Álvaro Uribe Vélez. Yo seguía con miedo. “El comandante” mantenía su pistola a la vista y seguía furioso conmigo.

La mujer que acompañaba a “el Comandante” iba sin armas, pero me miraba con mucha ira. No dijo una palabra, pero revisaba todas mis cosas, despacio. Sentí más temor por la mujer que revisaba mi ropa. Era de piel canela y bajita de estatura, muy segura en sus movimientos pero con la mirada muy agresiva, casi demencial.

Le expliqué al jefe de las Autodefensas (escuadrón de la muerte) el recorrido que pensaba hacer desde Vigía del Fuerte hasta Murindó, para promover el encuentro sobre la Seguridad Social, pero él me prohibió cumplir el itinerario. Me advirtió que si yo tenía cualquier relación con la guerrilla pagaría con mi vida. Me preguntó entonces que pensaba hacer. Le respondí no había vuelos directos a Medellín.

Que a la mañana siguiente quería pagar un cupo o alquilar una panga hasta Quibdó (Capital del Departamento –provincia- de El Chocó. Es decir, cuatro o cinco horas en lancha río arriba). Antes de irse, el hombre insistió en que “algo no cuadraba con la información que le habían dado de mí. [ ] me había advertido que era peligroso viajar a Vigía del Fuerte. Por descarte, el jefe paramilitar tenía que haber hablado con el alcalde Wilson Chaverra.

No sabía si era prudente salir de la habitación. Me daba miedo de que me detuvieran los paramilitares si me veían andar por el pueblo. ESA NOCHE YO IBA A SER UN CADAVER MÁS EN EL RÍO ATRATO Yo temía que los paramilitares vinieran a matarme cuando estuviera más avanzada la noche. El hotel está a pocos metros del río y según lo que había oído durante el día, me podían hacer pedazos y arrojarme al agua. Como tenía hambre me fui a cenar al mismo sitio en el cual había almorzado. La gente me siguió contando sobre los cuerpos que flotaban en el río, que además estaba prohibido recoger los cadáveres. Me decían que de vez en cuando los pescadores encontraban en las orillas del Atrato restos de personas que habían sido despedazadas.

Esa noche no había luz en el pueblo. Se hablaba en voz baja y a la luz de las velas. Los funcionarios del hospital me preguntaron detalles sobre el interrogatorio que me hizo el paramilitar. La anciana que había hablado conmigo durante la mañana se acercó de nuevo, con más confianza, y me relató que los paramilitares cogían a la gente, la torturaban y los cuerpos los lanzaban al río. Cuando volví a la residencia se había alojado allí una mujer. Según me dijo, era la funcionaria que promovía los programas de vivienda en la región. Ella también supo que los paramilitares me habían visitado en la habitación.

... // Fue entonces cuando inició la tormenta, el aguacero más copioso que he visto en mi vida.
El domingo 1 de junio a las 8:00 de la mañana fui hacia el embarcadero. No vi lanchas. Un funcionario del hospital se cruzó conmigo y él también quería preguntar que pasaba. Él tenía unos cupos reservados desde la noche en la primera lancha de la mañana, porque salía la comisión hacia Quibdó. Durante años la rutina del embarcadero fue invariable: a las 8:00 de la mañana partían las lanchas hacia Murindó, Río Sucio, Bellavista, Bojayá, Quibdó y otros destinos.

Ese domingo, algo andaba mal. Vi venir hacia mí a un anciano. Era el comensal que escuché hablar en el comedor la noche anterior. Venía con un niño, pero lo dejó rezagado, a unos 50 metros, frente al río. El viejo se acercó a dialogar conmigo, abiertamente. Era muy corto de estatura, de piel curtida por el sol y muy arrugada. Me miraba a mi y luego al niño que vigilaba al río. Una y otra vez relataba que patrullas del Ejército se encontraban frente a frente con los escuadrones paramilitares, con armas a la vista y los soldados de Colombia no los detenían, no les quitaban las armas y nunca tenían combates con las autodefensas.

Insistía en la complicidad que había entre ejército y paramilitares. Según me contó el viejo, la gente de Vigía del fuerte y Murindó observó el patrullaje conjunto de militares y autodefensas en vehículos y embarcaciones a la vista de todo aquel que los quiso ver de frente. El anciano me contó algo nuevo, que no se había dicho en el comedor: Que la gente seguía una ruta de escape desde Murindó. Luego de cruzar el río Murindó, la gente buscaba por una trocha que sale a la Vía Panamericana.

Por esa trocha intentaron escapar centenares de personas de la región, pero el ejército y los paramilitares ya estaban esperándolos. El ejército y las autodefensas tenían un sistema de retenes intercalados. Al inicio de la trocha había controles del ejército que impedían a la gente que se devolviera. El ejército les imponía a los desplazados la ruta de salida. Ni siquiera en su huida, las víctimas tenían libertad para elegir su rumbo. Luego había otro retén paramilitar que recibía a los desplazados y decidía quién moría y quién podía seguir su camino. Había comunicación entre los retenes militares y paramilitares. La diferencia es que en los militares no mataban a nadie y en los retenes paramilitares mochaban cabezas. El anciano me contó que junto a los retenes paramilitares, entre el monte, quedaron muchos muertos. “Los dejan ahí tirados, como si fueran perros”, me dijo.

Un vecino saludó al anciano. Éste lo introdujo en el diálogo y el recién llegado confirmó haber presenciado más de una vez el diálogo directo entre hombres con brazaletes de los grupos paramilitares y uniformados del ejército. Me indicó los retenes conjuntos de ejército y paramilitares donde detenían y mataban a los sospechosos de colaborar con la guerrilla. El amigo y el anciano me explicaron que cerca Vigía del Fuerte y muy cerca de Murindó había picaderos: los sitios junto al río donde los escuadrones de la muerte sometían a suplicio o picaban en pedazos a la gente que cogían. Los presos podían ser despedazados a hachazos. Los restos eran arrojados al agua. Eso explica porqué los pescadores veían con frecuencia una cabeza, un brazo o una pierna que la corriente arrojaba en las orillas. Nadie recogía esos restos humanos que terminaban como alimento de los animales del monte o las aves de rapiña.

El niño hizo una señal al viejo y éste se despidió, apresuradamente: Los paramilitares pasaban, en varias lanchas, patrullando el río y frente al pueblo.Yo temí verme de nuevo encarando al “comandante” paramilitar. Lo vi pasar en una de las primeras lanchas, me miró, pero siguió su camino río arriba, hacia el embarcadero del pueblo. Alguien que venía del hospital se acercó a mí para contarme que las bandas estaban asesinando a docenas de campesinos en los poblados a orillas del río Atrato, en el lado chocoano y en el antioqueño.

Todo lo que me contaban coincidía en sus partes fundamentales. Una y otra vez oí versiones que me fueron dadas por diferentes personas, no relacionadas entre sí. Una parte del río Atrato está en jurisdicción de la Brigada XVII del ejército. Es imposible que el comandante de la región militar, general Rito Alejo del Río Rojas no tuviera noticias de los cadáveres que a diario flotaban en el agua, más aun cuando el patrullaje se cumplía casi a diario. Otra parte del río Atrato corresponde a la VI Brigada. La Infantería de Marina también interviene en la zona, pero no identifico los límites de la jurisdicción. A las 12:00 del día ni una sola lancha de pasajeros había salido de Vigía del Fuerte. Y eso no era normal.

Vi muy poca gente en el embarcadero. No había grupos, nadie se juntaba con nadie. Uno aquí, otro allá. Como si estuvieran prohibidas las reuniones. No vi corrillos o personas en actitud de dialogar. Solo personas morenas, negras e indígenas, cada uno en solitario, mirando al río. Era domingo, pero no había música y eso es muy raro en un pueblo de tierra caliente. Apareció (--2--) que el día anterior, en la alcaldía, me había advertido del peligro que corría. Me explicó que los paramilitares habían ordenado impedir toda salida de Vigía del Fuerte.

Nadie salía o entraba al pueblo. Desde la madrugada los campesinos esperaban en el embarcadero de Bellavista y tampoco habían salido lanchas. “El asunto es con usted. Ellos quieren dejarlo retenido aquí hasta el Martes. Si usted no es quien dice ser, entonces lo van a matar”. “Tal como va la cosa, no van a dejar salir ni una sola lancha hoy”. Recordé que los paramilitares tenían mis números de teléfono. Salió el médico del hospital. Venia con cuatro o cinco maternas cuyos embarazos realmente estaban muy avanzados: El médico me dijo que él no podía viajar con las maternas y me solicitó que las acompañara hasta Quibdó. Los paramilitares aparecieron en diferentes lanchas, contra la corriente, vestidos de civil, algunos con brazalete verde de las AUC en el brazo y con sus armas a la vista.

l personal del hospital por fin había conseguido lanchas en el pueblo. Las maternas ya tenían listo su cupo para el viaje a Quibdó. Apareció “el comandante” en una lancha. Pasó cerca de la orilla y siguió en lancha río arriba. Otros paramilitares se quedaron con nosotros, en sus pangas. En ese momento el médico repitió que había un cupo para mí. El médico se devolvió hacia el hospital a buscar una bolsa de suero y yo lo acompañé. Logramos dialogar un minuto.

En ese momento le entregué la tarjeta de Dominique Carón, la funcionaria del Comité Internacional de la Cruz Roja, a la cual yo le debía a entregar las pruebas de supervivencia. Le dije al doctor que si algo me ocurría él debía comunicarlo inmediatamente a la ciudadana Suiza. No le expliqué al medico el motivo real de mi visita a Vigía del Fuerte, pero él me escuchó con mucha tranquilidad. El médico encontró el suero y se devolvió conmigo al embarcadero cercano al hospital. Se despidió de las señoras que se acomodaron en dos lanchas.

A una enfermera le dio las últimas indicaciones para el viaje. Las lanchas de los paramilitares estaban siempre al lado de nosotros, en el embarcadero del hospital. El médico me habló como si fuéramos muy viejos conocidos. (--2--) se unió al grupo. Se subieron luego cinco o seis hombres a las lanchas del hospital. Ellos portaban fusiles a la vista y se mezclaron con las maternas. Cuando el motor de la lancha rugió, el médico me despidió gritando a todo pulmón: Adiooos doctor. !Y vuelva!

En mi bote, ví que los paramilitares bajaron los fusiles y los escondieron en el piso debajo del timón. Eran fusiles AK muy viejos. Los cubrieron con costales de fique. Las lanchas con paramilitares nos acompañaron río arriba, hasta el embarcadero del pueblo. Hubo otro acomodo y cambio de lanchas. (--2--) me indicó que me acomodara en otro bote. Unos salieron, otros subieron. (--2--) salió del bote y se quedó en el embarcadero del pueblo. Nosotros salimos aguas arriba, hacia Quibdó. En una lancha, íbamos con maternas y personal del hospital mezclados con paramilitares. En la otra lancha, solo paramilitares.

Cuando nos alejamos del pueblo el hombre que estaba sentado frente a mí volvió a sacar el fusil que había escondido debajo del asiento. Acomodó la culata en el piso, pero la boquilla se inclinaba cerca a mi rostro. Si al paramilitar se le escapaba un disparo se iba mi cabeza. Cuando el bote se balanceaba, yo aprovechaba para inclinar mi cara. Casi todo el tiempo del viaje entre Vigía del Fuerte y Quibdó tuve ese fusil ante mi cara. Cada minuto yo pensé que me iban a matar.Pensé que en caso de problemas me podía lanzar al agua, pero no soy buen nadador. Son cientos de kilómetros de río, rodeados de selva.

El lanchero debía esquivar troncos que venían flotando medio sumergidos. Pero una vez, estoy seguro que hubo algo diferente. Estoy seguro de que vieron un cuerpo flotando en el agua porque los rostros se crisparon. Una mujer se llevó las manos a la cara. Ni una sola palabra. Primero todos miraron a un mismo lugar, a mi derecha, luego las miradas se perdieron en el vacío. Vi labios apretados y ojos desorbitados. Quise mirar con disimulo pero tenía siempre ante mi cara la boca de ese fusil que se balanceaba frente a mí.

El bote paró en otro embarcadero de un pueblito pequeño y vacío, en la orilla chocoana del río Atrato. Nos bajamos todos, la enfermera abrió un pequeño cuarto dispensario y sacó unas medicinas. Bombearon gasolina y cambiamos de lancha. El lanchero decía que con la cantidad de combustible que nos dieron los paramilitares no era suficiente para llegar a Quibdo. Volvimos al río. Nos cruzamos con otra lancha, que salió de un río afluente del Atrato, en la orilla de Antioquia. Venían varios paramilitares con armas y brazaletes y una auxiliar de enfermería.

Traían un paciente de malaria y lo transbordamos. Era un indígena con piel muy bronceada por el sol. Un atado de maderos y sabanas le servia de hamaca. Estaba inconsciente, pero muy rígido. Tenía la quijada muy apretada y para separarle los dientes le colocaron un pedazo de madera envuelta en un pañuelo. La lengua estaba muy mordida y sangraba. Los paramilitares pusieron la cabeza del paciente en contra de la dirección de la lancha, es decir, hacia la popa. Por lo que se de primeros auxilios, recordé que si había vomito, el hombre se podía ahogar.

Le sugerí entonces a la auxiliar de enfermería que le diéramos vuelta al paciente, de modo que la cabeza quedara alta, es decir, del lado de la proa. La auxiliar se sonrió con malicia y dijo: “¡Sí, “Doctor”!. En adelante cuidé la cabeza de aquel indígena para evitarle los golpes cuando oscilaba el bote. Lo siguiente era separar aquellos dientes violentos para reducir el daño que sufría la lengua. Lo mejor era que ya no tenía el fusil frente a mi cara.

La enfermera me explicó que aquel hombre tenía la sangre y el cerebro llenos de malaria. La lancha que venía con paramilitares se separó de nosotros antes de llegar a Quibdó. Por fin quedamos solos sin los paramilitares en una sola lancha. Estábamos muy estrechos con las maternas y el paciente de malaria. El bote estaba pesado. El motor se apagó dos o tres veces y el lanchero debía mecer el tanque para aprovechar hasta la última gota de gasolina. Cuando llegamos a Quibdó estaba anocheciendo.

El lanchero arrimó el bote hasta el embarcadero del hospital de Quibdó, entregó las maternas y el paciente de malaria a las enfermeras de turno.Nos fuimos luego a cenar. Por primera vez en todo el día, el lanchero y yo pudimos hablar. Se opuso a la idea de alojarnos en el hotel que me había recomendado la mujer que conversó conmigo en el hospital de Vigía.“El hotel está frente al río. Todas las lenguas de Vigía saben a que hotel viene el Doctor. Y pa’ que sepa, usted aun no esta a salvo”.

Nos internamos en Quibdó, lejos de la orilla del río Atrato. Llegamos a otro hotel. Quise llamar por teléfono a Medellín, pero el sistema Telecom estaba fuera de servicio. Quibdó, toda una capital de Departamento, estaba aislada, como en Vigía del Fuerte, o Murindó. Sin teléfonos, en todo el Atrato, ninguna noticia llegaba a Medellín. Nada salía en la prensa nacional.

Lunes 2 de junio (1997), día festivo en el calendario nacional de Colombia.

Despertamos muy temprano. El lanchero averiguó en la administración del hotel la hora de los vuelos a Medellín.Ese día estaban programados dos vuelos a Medellín, pero al lanchero algo no le gustó de la primera reserva. La canceló y aplazó la hora de salida. De nuevo salió a la calle, tomó un taxi, me recogió en el hotel y me llevo directo al aeropuerto.

Se quedó conmigo en la terminal hasta que llamaron a abordar. A voz en cuello me grito muy familiarmente: ¡Hasta lueeego, Doctor! ¡ Y Vuelva por aquí! Vi que se estaba riendo. Nunca supe el nombre del lanchero y él solo preguntó el mío para la reserva del hotel y para comprar el tiquete del avión.

Tomé el vuelo de SAM. Un joven trigueño, con cabello cortado casi al ras pasó todos los controles sin ser detenido y se subió al avión. Iba sin equipaje. Se sentó a mi izquierda. Me daba curiosidad saber quien era ese trigueño que pasaba sin problemas los controles aeroportuarios. En Medellín, el civil trigueño se bajó del avión, pasó sin someterse a ninguno de los controles y saludo muy amistosamente, sin protocolo, a los tres agentes de policía que estaban en el muelle de pasajeros. Salí al pasillo y me encontré de casualidad con uno de los fotógrafos del diario El Colombiano.

El pasajero del avión estaba otra vez detrás de mí y miró sin disimulo la escarapela del fotógrafo.

En resumen, yo había ido al Atrato, no había podido obtener las pruebas de supervivencia de los Infantes de Marina pero en cambio me había encontrado con una masacre sobre la cual me había pedido la gente que tenía que denunciar.

El 15 de junio (de 1997), en menos de dos semanas, en las selvas del Caguán se debía hacer la entrega de los 70 militares prisioneros. Si la guerrilla entregaba 10 militares menos se venía abajo el proceso de paz que supuestamente se iba a iniciar luego de la liberación de los soldados.

Resolví que tenía que denunciar lo que había visto ante la justicia, ante la prensa, ante organismos públicos y privados, para conseguir que se pararan las masacres. Martes 3 de junio: Volví a mi oficina. Nada dije a mis compañeros de trabajo. A mi jefe le comenté sobre mi viaje al Atrato haciendo promoción al II Seminario Nacional de Empresas Sociales del Estado. Le impresionó saber sobre la quiebra de los hospitales y la caída en la calidad de la prestación de los servicios.

A mediodía el mensajero de la guerrilla volvió a mi oficina. Mientras almorzábamos le conté los detalles de la gestión y mis errores. De momento la relación con las FARC quedaba congelada. Seguiría en los términos verticales de siempre: ellos podían acceder a mí, pero yo no tendría canales abiertos hacia ellos. Esa es la costumbre, cuando se participa en mediaciones.

Entre los descansos en mi trabajo y a cada salida al Centro Administrativo la Alpujarra, sostuve una serie de entrevistas con algunos de los funcionarios públicos que salieron de la región a causa de la escalada paramilitar. Me aportaron su versión del tema. Completé datos, nombres de los líderes promotores del paramilitarismo en la región.

En la búsqueda de datos y respuestas, casi todas las personas que entrevisté señalaron hacia la red paramilitar que Álvaro Uribe Vélez y su secretario Pedro Juan Moreno Villa habían construido dentro de la Gobernación de Antioquia.

La administración pública regional se había convertido en el apoyo principal de los escuadrones de la muerte. Funcionarios de carrera vinculados a la Gobernación de Antioquia me explicaron quienes eran los promotores del paramilitarismo en la administración regional: Las Secretarías de Gobierno y Desarrollo Comunitario de la Gobernación de Antioquia. Sirvieron de tapadera a las actividades paramilitares, especialmente en Urabá, el Atrato, Magdalena Medio y el norte de Antioquia.

LAS COOPERATIVAS DE VIGILANCIA PRIVADA "CONVIVIR"Y LAS LISTAS NEGRAS

Mientras el Secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno Villa promovía las compañías de vigilancia privada –bautizadas como “Convivir”-, la Secretaria de Desarrollo comunitario identificaba las comunidades reacias o favorables al proyecto paramilitar.

La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Gobernación de Antioquia elaboraba listas de todos los líderes de la comunidad y los ponía en la lista de amigos o enemigos. Listas negras, de personas que tenían que matar y listas de personas que les podían ayudar en el paramilitarismo y tenían en el grupo las cooperativas de vigilancia privada, Convivir.

Esa semana conseguí otra entrevista en Medellín con ayuda de funcionarios honestos de la Gobernación de Antioquia. Me presentaron a un alumno que presenció la llegada de los paramilitares a su escuela. Confirmó que centenares de habitantes de Vigía del Fuerte fueron obligados reunirse en el patio de la concentración escolar para escuchar la arenga de los paramilitares.

Actualmente mantengo relación con esos funcionarios – testigos, que pueden completar la información, a cambio de unas mínimas condiciones de seguridad y confidencialidad.

La entrevista fue en un bar cercano a La Alpujarra, cerca de la Gobernación de Antioquia. Confirmé varias cosas: Que la fuerza pública, en este caso la policía, no actuó para defender a la población civil. En la arenga paramilitar se lanzaron amenazas contra la guerrilla y contra los sospechosos de colaborar con ella. Por tal sospecha fueron asesinadas varias personas en el pueblo, entre ellos simpatizantes de la Unión Patriótica.

La incursión de los paramilitares tuvo un testigo colectivo. Insisto en este punto. Cada habitante de Vigía del Fuerte sufrió directa o indirectamente los hechos de ese día. Los únicos que no oyeron ni vieron nada fueron el alcalde y el comandante de la policía en Vigía del Fuerte. Otra funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Comunitario me confirmó que desde la llegada de los sicarios hubo días en los cuales los pescadores del Atrato llegaron a contar hasta 24 cuerpos flotando en el agua.

Semanas después, funcionarios de la justicia me informaron que la juez de Murindó (Beatriz Idárraga) había renunciado a su cargo. Médicos, enfermeras, profesores, concejales, personeros municipales siguieron igual camino, huyendo del Atrato y Urabá. Unos huyeron amenazados por los paramilitares y otros por la guerrilla.

PRUEBAS DE SUPERVIVENCIA DE LOS 10 INFANTES DE MARINA

Durante la primera semana de junio de 1997, la guerrilla logró sacar el sobre con las pruebas de supervivencia desde el río Atrato hasta Dabeiva, un pueblito al noroeste del departamento de Antioquia. Dabeiba era un poblado recién paramilitarizado, pero en teoría aun era transitable. El viernes 5 de junio (1997) el mensajero de la guerrilla entró de nuevo en mi oficina. Me pidió ir hasta Dabeiba por las pruebas de supervivencia. Yo no tenía que volver al Atrato, pero había otros riesgos. Fui a Dabeiba el domingo 7 de junio de 1997.

El sacerdote del pueblo, un anciano, nos ayudó y el trámite fue rápido. (---). Llegamos a un corregimiento con ayuda de vecinos que nos ayudaron a ir hasta el sitio de encuentro, un pequeño caserío en el cual no se veía un alma. Esta vez aparecieron docenas de guerrilleros armados con fusiles y ametralladoras. Eran guerrilleros muy jóvenes, algunos casi niños. Sin duda, había menores de edad entre ellos.

Con el sobre que contenía las pruebas de supervivencia, volvimos a Dabeiva. Pensábamos cenar allí, pero el sacerdote y su ayudante nos advirtieron que los paramilitares estaban patrullando el pueblo esa noche. A las 6:00 de la tarde, sin cenar, salimos hacia Medellín. Llegamos a Medellín casi a las 12 de la noche.

Lunes 8 de junio: hice una jornada de trabajo normal.

De nuevo apareció en mi oficina el mensajero de la guerrilla. Se alegró del éxito final en la diligencia y sin dilación explicó paso a paso cómo hacer la entrega de las pruebas de supervivencia a cada destinatario.
El sobre con las pruebas de supervivencia contenía:
- Una carta al presidente de la Republica, Ernesto Samper Pizano, remitida por el Bloque José Maria Córdoba, de la guerrilla FARC.
- Carta al Ministerio del Interior.
- Cartas de los soldados a sus familias en formato Cruz Roja.
- Cartas de los soldados a sus familias en formato comercial.
- Fotografías "Polaroid" de cada uno de los soldados.
- Comunicados de la guerrilla a la prensa y a la opinión publica.
- … otras comunicaciones.-

El siguiente paso fue enviar cada uno de los documentos a sus destinatarios.

- El Comité Internacional de la Cruz Roja: Comprobó la supervivencia de los diez Infantes de Marina e inició el operativo para recibir formalmente a los cautivos en el norte de El Chocó.

- En el Gobierno: Los documentos fueron recibidos y analizados por los Asesores Presidenciales en temas de paz José Noe Ríos y Daniel García Peña.

- La prensa: El diario El Colombiano, la red Colprensa, la Emisora Radionet, y el telenoticiero CM&, hicieron difusion publica sobre la existencia de pruebas de supervivencia y la proximidad de la entrega de los retenidos. Sobre todo, la entrega oportuna, cuyo cumplimiento ya estaba en duda. La noticia sobre las pruebas de supervivencia de los 10 Infantes de Marina circuló profusamente entre el 10 y el 11 de junio de 1997 y fue retomada por los demás medios de difusion en Colombia, y en todo el mundo, dada su trascendencia.

El 11 de junio (1997) entró una llamada telefónica a mi oficina. La secretaria de recepción me dijo: Ricardo, tiene una llamada de la Base Naval de Turbo. Cuando respondí, alguien que se identificó rápidamente como Capitán Ríos. Me solicitó orientación para conseguir medicamentos. Le dicté al militar los tres números de teléfono en los cuales las entidades públicas podían proveer los medicamentos para los soldados.

Le di los teléfonos de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, la Cruz Roja y el Seguro Social de Medellín como posible enlace con el Seguro Social de Urabá. Había varias puntos irregulares en esa llamada. Lo primero es que los militares tienen sus propias líneas de suministros y diferentes opciones para conseguir medicinas.

Estando en Urabá, a centenares de kilómetros de Medellín, un mando militar buscaría apoyo en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, el Seguro Social, la Cruz Roja o comercializadores farmacéuticos presentes en la región, o directamente con el Ministerio de Salud. Los trámites que implican relaciones de instituciones tan diferentes se gestionan habitualmente de jefe a jefe.

Además, en METROSALUD la red de suministros farmacéuticos es muy local, para Medellín. Entonces, ¿Porqué acudían a mí? Luego recordé otro detalle: el militar utilizó la palabra remedios por medicamentos. Utilizar la palabra “remedios” es inusual entre quienes trabajan a diario con suministros farmacéuticos. Los términos son muy estrictos al nombrar los insumos en un trabajo que implica una gran responsabilidad con los pacientes.

Normalmente las llamadas a mi oficina provenían de Medellín y del Valle de Aburrá. Era demasiada coincidencia que en casi cuatro años de trabajo con Metrosalud la única llamada que recibí de Urabá vino de Turbo, justo donde están la Brigada XVII del ejército y el mando militar que tiene jurisdicción sobre el río Atrato.

La ciudad de Turbo es sede de grandes guarniciones militares pero al mismo tiempo es el territorio donde los paramilitares patrullan y asesinan más impunemente. Luego de colgar el teléfono hablé con la secretaria que recibió la llamada y la había transferido a mi oficina. Me confirmó que el oficial del Ejército preguntó directamente por mi nombre.

Me preguntaba quién le había dado mi nombre a ese oficial en Urabá, si mi única relación con la zona había sido la visita a Vigía del Fuerte. La única explicación posible eran los vínculos entre paramilitares y la Brigada XVII del ejército.

La llamada que recibí parecía una verificación sobre mi nombre, mi cargo, mi identidad y mis funciones. Pero los únicos que tenían anotados mis datos personales en la región, pero tan lejos como Vigía del Fuerte, eran el alcalde Wilson chaverra y el jefe paramilitar.

En Medellín, mis datos estaban anotados en la agenda del hangar del piloto Diego Zapata, el que organiza los vuelos a Vigía del Fuerte.

Al ser difundidas las pruebas de supervivencia en la prensa, el presidente Ernesto Samper expidió la Directiva Presidencial en la cual facilitaba el vuelo de aeronaves: Un helicóptero de la Cruz Roja y otros dos con guerrilleros y los soldados cautivos.

Esa misma semana, una periodista me contó una extraña conversación que tuvo con mandos militares en Bogotá. Luego de cubrir una rueda de prensa en la cual el Ejército presentó partes de la guerra, periodistas y militares se dedicaron a dialogar informalmente, sin cámaras ni grabadoras.

La periodista relató alarmada que el generalato colombiano se refería a los 10 Infantes de Marina, cautivos de la guerrilla, como “los diez negritos”. Diferentes fuentes me confirmaron esa semana que la Brigada XVII del Ejército Colombiano, comandada entonces por el general Rito Alejo del Río Rojas estaba en contra del procedimiento de entrega pacífica de los Infantes de Marina al Comité Internacional de la Cruz Roja.

La prueba de esta conducta fue la puesta en marcha de la operación de rescate violento en las selvas de Murindó donde se presumía estaban los retenidos. En los parámetros del operativo diseñado por la Brigada XVII del Ejército no se valoró el riesgo de bajas entre los 10 infantes de Marina. El apelativo dado a los Infantes como “los diez negritos” ya los diferenciaba de sus compañeros de armas y preparaba el terreno del lenguaje para justificar el sacrificio de los propios hombres.

En el lenguaje coloquial, en los casinos militares, los mandos calificaban de cobardes a los cautivos por haberse rendido. Según ellos, “los diez negritos” tenían que haber resistido el ataque de la guerrilla hasta morir. Los periodistas que escucharon tales expresiones verificaron en directo el desprecio de los mandos militares frente al Derecho Internacional Humanitario. Vale decir que gran parte de los periodistas colombianos hemos recibido cursos y conferencias del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre el derecho de la guerra y sobre todo, de sus límites.

Personalmente participé y fui parte del equipo coordinador del Seminario Taller de la Comunicación como Estrategia de Paz 1995- 1998. Según mis colegas periodistas, otros mandos militares expresaron su deseo de someter a los soldados a Consejos de Guerra por “cobardía”. Según me explicaron, a las Fuerzas Armadas sólo les interesaba que en el operativo de rescate murieran todos los guerrilleros sin importar la suerte de los cautivos. Lo central era “dañar el espectáculo que quería montar la guerrilla”, desprestigiarla porque incumpliría su promesa de entregar con vida a los 70 retenidos.

Otra información verificable de los hechos de Urabá y el Atrato la conseguí con los redactores de las páginas económicas: El precio del ganado vacuno registraba un fuerte bajón en el mercado público de Urabá. La razón es que a la plaza estaban llegando miles de reses y quienes las ofrecían las querían vender inmediatamente sin regatear el precio. El redactor de economía me explicó el origen de las vacas que llegaban a Urabá: eran fruto del despojo a los campesinos.

Otro periodista especializado en orden publico (la guerra) me explicó que con frecuencia, luego de las masacres del Atrato, los sobrevivientes veían a los paramilitares arriando ganado hacia los lanchones, para luego seguir río abajo, hasta Turbo.

AMENAZAS EN MI CONTRA Y PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA POR LOS HECHOS DEL RIO ATRATO

El Jueves 12 de junio de 1997 entró una llamada telefónica a mi oficina.

Alguien que se identificó como “Orlando Palomeque” me dijo que necesitaba hablar conmigo de manera urgente. No quería hablar conmigo en mi oficina y me invitó a otro sitio de Medellín en el cual debíamos a hablar muy confidencialmente. Le advertí que no estaba dispuesto a hablar fuera de mi oficina con un desconocido. Me contestó entonces que tenía una información muy importante, que él sabía que yo estaba buscando información sobre el río Atrato. Le insistí en que si quería hablar conmigo, debía venir a mi oficina.

El tono de quien hablaba conmigo era demasiado perentorio, como de alguien acostumbrado a dar órdenes y en ese tono me instaba a cumplir la cita. Me citó para ir inmediatamente al frente del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. En ese sitio habían cumplido su última cita dirigentes sindicales y estudiantes que habían desaparecido. En una ciudad como Medellín, llamadas como esa son verdadero motivo de alarma.

En los relatos que escuché tantas veces a los familiares de personas desaparecidas se cumplía con frecuencia la rutina de atender una llamada, cumplir una cita y luego, la noche y la niebla. No se volvía a saber de la persona. Asumí la llamada como una amenaza, que tomé en serio. “Orlando Palomeque” Hablaba con el acento de los habitantes de la zona costeña del norte de Colombia. La misma región en donde nacieron los escuadrones de la muerte o Autodefensas de Córdoba y Urabá.

El habla típica de estas regiones es un Español parecido al de Andalucía en España, de tono agudo, muy rápido, con gran deformación de las palabras (principalmente el no pronunciar la s final) y el uso estrictamente local de palabras retomadas de idiomas indígenas o ancestros africanos. El acento de la persona que me llamo era motivo suficiente de alarma, porque en mi entorno familiar, profesional y social no yo tengo lasos directos con gente de Córdoba o Urabá.

Nada dije a mis compañeros de trabajo ni a mi jefe. Hice un día aparentemente normal, pero sentía miedo. Llamé a un periodista de prensa que cubría información sobre orden público (conflicto): también había recibido llamadas de “Orlando Palomeque”. La misma invitación para hablar urgentemente, fuera de las instalaciones del periódico.

Palomeque le dijo que era corresponsal de RCN (Radio Cadena Nacional) en El Chocó y también ofreció información sobre lo que ocurría en el Atrato. El periodista llamó a sus colegas de RCN Medellín que a su vez verificaron con su gente en El Chocó. En Quibdó nadie lo conocía. Cuando terminó la jornada de trabajo, a las 5:00 de la tarde, tuve temor de salir directamente de la oficina a mi casa. Metrosalud en esos días tenía su sede en La Alpujarra, edificio en el cual funcionan la Alcaldía de Medellín y sus dependencias.

Contra mi costumbre, evité salir por la puerta principal, es decir, la plazoleta central que domina la escultura de Rodrigo Arenas Betancur. Llamé por teléfono a otro colega periodista del diario El Colombiano. Le expliqué sobre la llamada amenazante y el motivo de la misma. Esperé a que anocheciera, tome un ascensor y me dirigí al sótano en el cual están los parqueaderos de los vehículos oficiales. Subí por la rampa norte que sale hacia la garita de seguridad frente a la avenida San Juan. Me sentía más tranquilo allí porque siempre hay personal de guardia con todos los procedimientos necesarios para impedir o disuadir el terrorismo de cualquier fuente.

Por causa de la violencia crónica que vivimos en la región, todo el edificio de la alcaldía de Medellín esta diseñado como un bunker.

El periodista me recogió a las 8:00 de la noche. Salimos directamente hacia la carrera El Palo, donde funcionan algunas dependencias de la Fiscalía.

Desde las 9:00 de la noche de ese Jueves hasta las 3:30 de la madrugada del Viernes 13 de junio, sustenté mi denuncia contra el Ejército Colombiano y las Autodefensas de Córdoba y Urabá. Recuerdo la primera pregunta que me hizo la Fiscal: “Está seguro de lo que va a hacer? Su denuncia es muy grave y en adelante su vida no volverá a ser igual”.Le dije que ya había pasado el punto de no retorno. Expuse toda mi mediación, lo que vi en Vigía del Fuerte, lo que me contaron los habitantes de Murindó, las amenazas en mi contra y los datos que me dieron los funcionarios de la Gobernación de Antioquia. (Administración provincial). De esa diligencia me queda una constancia que dice:


“EL SUSCRITO FISCAL 185 DE LA UNIDAD PRIMERA DE REACCION INMEDIATA DE MEDELLIN, ANTIOQUIA, HACE CONSTAR: QUE EL SEÑOR RICARDO FERRER ESPINOSA, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA CEDULA 71.592.014 DE MEDELLÍN, FORMULÓ ANTE ESTE DESPACHO DENUNCIA POR AMENAZAS, VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN CONTRA DE LAS AUTODEFENSAS DE CÓRDOBA Y URABÁ Y EL EJÉRCITO COLOMBIANO. ESTÁ RADICADO BAJO EL NÚMERO 18.690. PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN MEDELLÍN, A LOS TRECE (13) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE (1.997) LA FISCAL 185 CRISTINA BUSTOS GÓMEZ.”


Si mi denuncia tenía curso adecuado, tenían que responder por acción y omisión los comandantes de las Brigadas del ejército con jurisdicción sobre el río Atrato, los gobernadores de Antioquia y Chocó, los Comandantes de Policía de Antioquia y El Chocó, los alcaldes de Vigía del Fuerte y Murindó, los personeros y a las autoridades con responsabilidad de velar por los derechos de la población civil. Mi punto de partida es que la matanza ocurrida en el río Atrato tuvo un testigo colectivo.


Cada habitante de la región tenía un fragmento para contar. Seguí buscando en Medellín a personas recién venidas del Atrato. Al mismo tiempo que recogía información debía pensar en mi seguridad personal y la de mi esposa. En adelante ya no viviría tranquilo en Medellín o en Colombia. En una de las reuniones que tuve con los investigadores de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía me explicaron francamente que no me podían garantizar seguridad ni siquiera dentro del programa de protección a testigos.

Según me explicaron los mismos funcionarios judiciales, el programa de protección a víctimas y a testigos, victimas de la violencia política en Colombia, es una ficción.

Entre los pocos testigos que sobreviven no todos quieren hablar. Y Entre los que quieren hablar, pocos confían en la justicia. Según se verificó más tarde, los hechos que relato ocurrieron no solo en Vigía del Fuerte y Murindó sino en todo el norte de El Chocó, Urabá, Urabá chocoano. En cientos de kilómetros cuadrados se movilizaron miles de sicarios y produjeron centenares o tal vez miles de muertos, heridos, amenazados y desplazados.

Pero el registro de éstas matanzas en los medios de difusion fue minúsculo en proporción a la magnitud del desastre. Es inocultable que la Brigada XVII del Ejercito Colombiano -en ese tiempo bajo el mando del General Rito Alejo del Río Rojas- y otras autoridades militares con jurisdicción en Antioquia y El Chocó toleraron los crímenes de las Autodefensas de Córdoba y Urabá.

Durante 1997 otras cinco Brigadas del ejército colombiano fueron acusadas por relaciones ilegales. Algunos de los batallones que actuaban en común con los escuadrones de la muerte fueron dispersados. A finales de 1997 y a inicios de 1998 creció la intimidación a defensores de derechos humanos en todo el país.

A fines de junio de 1997 recibí la primera llamada nocturna a mi casa. Desde entonces todos los días me llamaban puntualmente a las 11 de la noche y a las 3:00 de la madrugada. Las intimidaciones se sucedieron hasta que salí de Colombia, con mi esposa, el 15 de febrero de 1998.

El Viernes 13 de junio en la reunión ordinaria del comité de redacción del diario El Colombiano, el periodista que me había acompañado durante la declaración (--3--) presentaba la información de mi denuncia. Aunque la redacción contaba con un panorama muy completo de los sucesos de la región, mi relato debía ser verificado. Mi relato solo era el recuento lo que yo escuché a otros. El comité de redacción de El Colombiano aprobó iniciar las verificaciones con los organismos relacionados, especialmente con la Defensoría del Pueblo.

Se comprobaría además el relato con dos enviados especiales a la zona: (--4--) y el fotógrafo (--5--).

El domingo 15 de junio 97, en las selvas del Caguán, Departamento del Caquetá, al sur de Colombia la guerrilla liberó a 70 militares Colombianos que tenía en su poder. Entre ellos, los diez Infantes de Marina, apresados por la guerrilla en El Chocó.

Si se pudiera entrevistar a los 10 Infantes de Marina liberados, ellos podrán confirmar lo que pasó durante los días anteriores a su liberación, cuando ellos estaban cerca de Murindó. La revista Semana relató que durante el proceso de liberación jugaron un papel muy silencioso e importante los delegados internacionales entre ellos los embajadores de Noruega y Suecia, quienes venían cuestionando el manejo de los derechos humanos en Colombia. Mientras el país celebraba la vida y la libertad de los 70 soldados, los sectores mas radicales se quejaban por el “numero de circo” que le dio gran despliegue a la guerrilla.

“El circo de la guerrilla” es la misma frase que había escuchado la periodista a los mandos militares cuando hablaron despectivamente de “los diez negritos”.Nunca antes la guerrilla había devuelto con vida a tantos soldados retenidos.

La costumbre en nuestro conflicto había sido la “guerra sin cuartel”, el remate de heridos, la tortura y ejecución sumaria de los sobrevivientes. Tal costumbre fue asumida por militares, escuadrones de la muerte y por algunos grupos guerrilleros. Es la omisión total de los protocolos internacionales que intentan regular las acciones de guerra.


EL DIA EN QUE IBAN A ASESINAR A ALMUDENA MAZARRASA,
LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA


A principios de Junio de 1997, Almudena Mazarrasa, la Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó su primer informe de actividades. El documento central señaló la paramilitarización de las cooperativas de vigilancia privada “Convivir”, en todo el país. La acusación describió la política de exterminio contra líderes de Derechos Humanos en cada zona donde actúan estas asociaciones de civiles armados.
El informe mostró que entre las zonas de expansión paramilitar estaban los departamentos de Antioquia y El Chocó. Una información compilada por la ONU incluye fotografías de los miembros de las Autodefensas de Córdoba y Urabá vistiendo uniformes del ejército Colombiano. Otro aparte describe que en Urabá se han activado retenes de los grupos paramilitares a muy corta distancia de los retenes del Ejército.
De otro lado, la Comisionada de la ONU denunció la intención manifiesta de la guerrilla de sabotear el proceso electoral en curso. Infortunadamente la guerrilla cumplió su amenaza matando a alcaldes, concejales, diputados y parlamentarios activos, al igual que candidatos a diferentes alcaldías y corporaciones públicas. Es decir, civiles convertidos en sujetos de ataque, en contradicción con las normas del Derecho Internacional Humanitario.
A finales de junio de 1997, en misión peligrosa, una comisión de la Defensoría del Pueblo y un par de redactores de El Colombiano se trasladaron a la cuenca del río Atrato para comprobar la veracidad de mis acusaciones. El alto riesgo de la investigación periodística que cumplieron en el río Atrato se ve en las cifras: 20 prominentes defensores de DH cayeron asesinados durante 1997. De los sobrevivientes unos cuantos lograron niveles de protección efectivos. El resto debió optar por el silencio, el desplazamiento interno o el exilio.

El RECORRIDO DE LOS PERIODISTAS DE EL COLOMBIANO EN LAS SELVAS DEL ATRATO entre El Chocó y Antioquia dio origen a la serie informativa de cuatro reportajes que ratificaron ampliamente lo que yo había denunciado ante la justicia:
- 4 de Julio 97: EL ATRATO, CEMENTERIO DE UNA GUERRA.
- 5 de Julio 97: MURINDO, SITIADO POR LOS VIOLENTOS.
- 7 de Julio 97: ¿DONDE ESTAN LOS DESAPARECIDOS DE VIGIA DEL FUERTE?
- 14 de Julio 97: UN PUEBLO DE VIEJOS SE MUERE DE HAMBRE.
Aún conservo el dossier completo: “EL ATRATO, CEMENTERIO DE UNA GUERRA” y lo he anexado en denuncias que he hecho ante ACNUR y otros organismos. La investigación de El Colombiano y la Defensoría del Pueblo, permitió deducir que las atrocidades sufridas por la población civil en las selvas del Atrato fueron mas graves de lo que yo había denunciado en un principio. Las ejecuciones masivas se cometieron en múltiples poblados a lo largo de centenares de kilómetros en la cuenca del río, desde Carmen del Atrato hasta Bocas del Atrato.
Cientos de kilómetros. Los Enviados Especiales mostraron igualmente los abusos cometidos por la guerrilla, concretamente el asesinato de civiles que supuestamente colaboraban con los escuadrones de la muerte.
Lo normal es que denuncias tan graves como las que presentó el diario El Colombiano podían producir la destitución de ministros, caída de presidentes, rotación de gobiernos y cambios radicales en las cúpulas militares y de los organismos de seguridad. Pero en Colombia no pasó nada.
El 21 de Julio de 1997 ratifiqué y amplié la declaración ante la Dirección Regional de Fiscalía (Unidad Numero 2, código 19) ubicada en el piso 20 del Edificio José Félix de Restrepo (Palacio de Justicia).
La Fiscalía General de la Nación clasificó la declaración con el número de radicado: 23.675.En esta nueva diligencia vi que la Fiscal que recibió la ratificación y ampliación de mi denuncia no había leído el expediente inicial ni estaba al tanto del tema.Hubo especial dificultad al tiempo de intentar la descripción del hombre que me había amenazado en el hotel de Vigía del Fuerte. Aun cuando estaba dispuesto a colaborar en levantar un retrato hablado del sicario, esta diligencia no se hizo.
Quedaron puntos pendientes, pero la fiscalía nunca me volvió a llamar. La investigación tomó ritmo propio. Lo que era un simple relato creció en pruebas y testimonios directos: Ante la Procuraduría y la Fiscalía de Colombia se acumularon más denuncias, presentadas por comunidades religiosas. Ello explica en parte la agresión a monjas y sacerdotes a manos de los escuadrones de la muerte. Los medios de difusión presentaron acopio de testimonios. Con diferentes grados esto se percibió en el diario El Colombiano, una periodista del diario El Tiempo,
la emisora Radionet (Rodrigo Barrera), el telenoticiero CM& y la revista Cambio. Se presentaron numerosas denuncias a la prensa de El Chocó y se acumularon cartas en la Procuraduría General de la Nación. Se trababa de denuncias muy detalladas. En estas entidades debe haber un registro de “Comunicaciones recibidas”, que se deben recuperar dentro de esta acusación.
El Comité Internacional de la Cruz Roja tenia sus propios funcionarios sobre aviso. Los funcionarios judiciales de la región, por el mero hecho de cumplir con su deber, vivían amenazados. 28 de Julio de 1997: Viajó a la región del Atrato una comisión conformada por ocho entidades diferentes: la oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos en Colombia, delegados de derechos humanos de España, consejería presidencial, procuraduría general de la nación, Defensoría del pueblo de Urabá y el obispo de la diócesis de Quibdó.
El resto, periodistas. La comisión fue coordinada por Almudena Mazarrasa Alvear, quien era la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en Colombia. Los periodistas de la comisión y otros investigadores independientes interrogaron al alcalde y al comandante de policía. Éstos dijeron no saber nada de la presencia paramilitar en Vigía del Fuerte y en el Atrato.
En un poblado pequeño, las autoridades no oyeron los disparos y no vieron que centenares de ciudadanos fueron arriados hasta una escuela. La comisión de la ONU fue amenazada por las autodefensas mediante una nota en la cual advertían a los investigadores que si no abandonaban el poblado serian atacados con explosivos. Se hicieron múltiples denuncias ante organismos internacionales. Se enviaron notas a los ministerios del Interior y de Defensa. Uno de los participantes en el grupo relato que cuando los miembros de la comisión refirieron la amenaza ante el alcalde de Vigía del Fuerte y el comandante de la policía municipal, estos respondieron cínicamente que en el pueblo, durante los últimos seis meses solamente habían muerto dos personas a causa de riñas callejeras. Alegaron también que no habían visto a ningún paramilitar en la región.
Un militar español, acompañante de Almudena Mazarrasa se enfadó y les dijo: “Si ustedes me dicen que no han visto a uno solo paramilitar, vengan conmigo, yo los presento, porque yo almorcé con el comandante de ellos. Si ustedes me dicen que aquí no hay muertos, yo les puedo mostrar dos fosas comunes ahora mismo”. El español les seguía diciendo: “¿Qué clase de autoridad son ustedes que no oyen, no ven, no huelen?” El militar les insistía al alcalde y al comandante de policía en que cualquier persona con responsabilidad militar o de policía debe estar enterada de lo que ocurre en la región. La omisión de recopilar información sobre lo que ocurre en el territorio es inexcusable.
Ocurrió que desde el primer momento en que aterrizaron los helicópteros, los miembros de la comisión se dispersaron en diferentes sitios del pueblo y los paramilitares no pudieron controlar a tanta gente (unas 22 personas). Los pobladores dieron datos, pasaron papelitos con nombres de los sicarios pero hubo un testigo en particular que mostró el sitio exacto de las dos fosas comunes. El funcionario judicial de la comisión (--6--) se armó de pala, desenterró cuerpos mutilados, les hizo fotos y los volvió a cubrir.
Luego de ver cuerpos mutilados, la nota de amenaza recibida por la comisión de la ONU debía ser tomada en serio.
29 de julio 97: El diario El Espectador reseñó la amenaza sufrida por la comisión y citó a manera de titular la declaración de la alta funcionaria de la ONU: Preocupa la connivencia entre paramilitares y ejercito: Mazarrasa.
En la prensa nacional no se informó sobre la existencia de las dos fosas comunes que habían visto varios miembros de la comisión. Sin saber de las dos fosas comunes, los noticieros de televisión solo hablaron de un papelito (las amenazas) escrito con mala letra.
Una periodista de la televisión regional de Antioquia nos dijo que había reconocido a varios miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia en el hangar del aeropuerto Olaya Herrera, del cual había salido y vuelto la comisión judicial.“No mataron a Almudena Masarraza, la comisionada de la ONU para Colombia, porque el aeropuerto estaba lleno de periodistas y cámaras de televisión”, me dijo la redactora.
Por encima de las amenazas, la Comisión de la ONU compiló suficiente acopio de testimonios y pruebas sobre la violencia sufrida por los civiles. Cuando el proceso judicial tomó ritmo, yo estaba buscando el modo de salir de Colombia.
Con base en la información que compiló la comisión de la ONU, presidida por Almudena Masarraza, se inicio con extenso material probatorio el expediente UDH – 248 /1997 de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Colombia. De lo que pude conocer del expediente, había fotografías de los hoteles en el norte de El Chocó en los cuales se habían instalado las comandancias paramilitares. Justo enfrente de las comandancias de policía.
Mientras el poder judicial adelantaba sus diligencias, otros comunicadores y periodistas, recopilábamos información sobre los motivos económicos, los indicadores de la importancia del Atrato, como método para explicar el etnocidio.
Durante 1997 y los años siguientes, diferentes analistas explicaron en sus libros que organizar un ejercito de cualquier clase tiene un costo alto y los paramilitares no escapan a esa lógica. El negocio de las masacres necesita un equipo administrativo, logístico, un mando o un gobierno. En una de mis frecuentes visitas voluntarias a la Fiscalía, el investigador judicial (--6--), me contó que el Procurador General de la Nación Jaime Bernal Cuellar y el Fiscal Alfonso Gómez Méndez ya habían sostenido por lo menos una reunión para evaluar la base procesal contra los mandos militares que habían omitido ayudar a la población civil del Atrato.
Ellos tuvieron a mano las denuncias, los expedientes extensos y rigurosamente documentados. Según (--6--), el Procurador y el Fiscal disponían de suficiente información para hacer pronunciamientos públicos contundentes y promover la destitución inmediata de involucrados en los asesinatos. Según su opinión, ellos no cumplieron con su deber, no hicieron lo suficiente. Las causas judiciales se manejaron con discreción, buscando minimizar costos políticos.
Entre los funcionarios del poder Judicial, por causa del avance institucional de paramilitarismo existía también el temor de recibir presiones políticas de la Gobernación de Antioquia.Los investigadores judiciales me contaron que temían la desaparición del sumario, recibir presiones directas o veladas para que no se adelantaran diligencias y también expresaban el temor a ser asesinados.
Una línea de investigación, que estaba trabajando la fiscalía en 1997 era el posible testimonio que se podía conseguir de los soldados de las brigadas XVII, IV y los Infantes de Marina en la zona de El Chocó, Atrato, Urabá y occidente de Antioquia. Según los investigadores, docenas de soldados de las Brigadas IV y XVII pudieron que ver flotando cuerpos en el río Atrato y seguramente algunos participaron en las masacres.
La pregunta que se hacían siempre los investigadores judiciales se centraba en el tipo de mentalidad y la doctrina que se infunde a los soldados colombianos en los cuarteles. Como parte de su trabajo, los investigadores judiciales cuestionaban: ¿Qué ha ocurrido en el espíritu de los soldados que vieron los cuerpos mutilados en el agua? ¿Por qué no hablan y denuncian? La conclusión inicial es que los soldados tuvieron miedo. Miedo a sus superiores.
Se estaba analizando un perfil de los soldados rasos, desmoralizados y descompuestos. El silencio de quien lleva un gran complejo de culpa y los amarra a una complicidad con las instituciones que violan todo principio de respeto a la vida humana. Soldados y oficiales desmoralizados y descompuestos que son capaces de someter a maltratos a sus propios compañeros de tropa. El grupo del investigador (--6--) quería saber ... ¿Qué pasaba con aquellos militares de carrera que compartieron sitio en las lanchas militares con sicarios de las Autodefensas de Córdoba y Urabá?
No se trataba solamente de una casualidad en la cual soldados y autodefensas compartieran el mismo territorio. La conclusión era que existía concierto para delinquir contra la población indefensa. Y como fondo, la practica cotidiana del Ejercito Colombiano que anula la personalidad del soldado. Dentro de la investigación judicial había un trabajo de investigación social y el ambiente psicológico de la tropa que estaba en la región: Eran evidentes la derrota militar y la baja moral.
La baja moral de los soldados la produce el ejército desde el primer día cuando el recluta llega a la base e inicia su entrenamiento: El soldado es humillado, amedrentado y expuesto a un discurso que no admite réplicas ni tiempo para cuestiones de conciencia.
DESDE JULIO DE 1997 HASTA FEBRERO DE 1998 (CUANDO SALÍ DE COLOMBIA) RECIBÍ AMENAZAS TELEFÓNICAS A DIARIO
Continuaban las llamadas por teléfono a mi casa. Llamaban siempre a las 11:00 de la noche y a las 3:00 de la madrugada.
Con frecuencia recibía llamadas telefónicas supuestamente equivocadas, pero en sus disculpas quienes llamaban repetían fragmentos de conversaciones que había sostenido por teléfono con mi familia: En octubre quise descansar, salir a Coveñas (balneario en la costa atlántica de Colombia) Solo un fin de semana.
Llamé a un amigo con el cual podía organizar el viaje. Cuando colgué el teléfono entró una llamada en la cual una persona con voz rápida y burlona me decía: Señor, buenos días, hoy le estamos ofreciendo el mejor plan para sus vacaciones en Coveñas...! Lo estaremos esperando para darle toda la atención que usted se merece!. Lo inquietante de nuevo era el acento, “Chilapo” (de Córdoba y Urabá) muy diferente al acento paisa, el acento normal en la región antioqueña. El teléfono del apartamento en el cual vivía con mi esposa correspondía a una casa nueva y línea telefónica nueva, es decir que no estaba en bases de datos de empresas de mercadeo.
Tampoco esa es la vía de comercialización de los paquetes turísticos en Colombia, más basados en el Punto de Oferta al Público y a ofertas empresariales. 24 septiembre 1997. Fue asesinado en Cartagena el defensor de Derechos Humanos Teódulo Ignacio Sibajá Martínez, oriundo de Mutatá en el Departamento de Antioquia. Repetidamente recibió amenazas de muerte en el municipio de Río Sucio en El Chocó y por ese motivo huyó hacia Cartagena donde lo encontraron los sicarios de las Autodefensas.
En todo el país aumentaron las amenazas de muerte a los líderes defensores de los Derechos Humanos. El entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez lidera una campaña de ataques a todos los grupos que hablan de Derechos Humanos acusándolos de ser la diplomacia paralela de la guerrilla. La situación se repite cíclicamente en Colombia: las autoridades militares acusan a los defensores de Derechos Humanos.
Una noche de septiembre (1997) yo dialogaba por teléfono con una periodista de El Tiempo sobre la presión que sentía. ¿Qué piensas hacer? Me preguntó. Le respondí con algo de humor que si sentía mas presión les dejaba el charco, que de pronto me largaba a otro país, antes que me destriparan como a un sapo. Colgué el teléfono.
Inmediatamente entró una llamada. Al responder, escuché un coro: Croaaa, croaaaa, croaaa. Un concierto de ranas. La voz de varias personas, hombres y mujeres, croando!. Luego se reían.
Cada vez que sonaba el teléfono me daba un sobresalto. Reduje al máximo mis llamadas. Cuando hablaba por teléfono, mis temas de conversación siempre se referían a cosas administrativas de Metrosalud, a los debates en el Concejo, polémicas internas, a mis campañas de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, a la crisis administrativa en la salud. Dejé de mencionar sitios o eventos a los cuales debía ir.
Octubre de 1997: La parte urbana del municipio de Murindó fue evacuada por todos sus habitantes. Huían a causa de la confrontación abierta entre los escuadrones de la muerte, el ejercito y la guerrilla. Posteriormente llegaron al pueblo diferentes comisiones oficiales para proteger a la población. Inicialmente retornaron 380 personas a sus casas mientras el resto de la población permanecía en la selva.
26 de octubre 97: Las elecciones en el municipio de Murindó arrojan como resultado un solo voto. Casi toda la población permanecía lejos de la zona urbana, refugiada en la selva. En este momento del conflicto, ninguna de las partes mostró respeto hacia la población civil. Los medios de difusión mostraron entonces la zona urbana de Murindó, en la cual quedaban solamente cuatro personas: el juez, y tres funcionarios suizos del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Octubre de 1997. Amnistía Internacional publicó el primer reporte de su campaña en defensa de los Derechos Humanos, especialmente centrada en el tema de los desplazados por causa de la guerra. (Report AMR - 23/48/97. Just what do we to do to stay alive? / Colombia’s internally Displaced: Dispossessed and exiled in their own land.).
La campaña se lanzó desde marzo de 1997 con información que venía siendo recopilada a raíz del incremento de personas desplazadas en todo el mundo. Sobre El Chocó y Antioquia el reporte refiere violaciones a los derechos humanos. Abusos cometidos por guerrilleros, Ejercito y paramilitares. Los casos documentados extensamente tuvieron lugar en Gilgal y Unguía en el Urabá chocoano.
Octubre (1997): Hubo una llamada extraña a mi casa. Inmediatamente me avisa mi esposa. Yo estaba en mi oficina, era de noche. Me alisté para salir. A los pocos minutos un desconocido hizo cinco disparos de pistola a la nueva sede administrativa de METROSALUD, en el edifico Sacatín (avenida San Juan por Junín. Nunca supimos el porqué de los disparos al edificio. Yo era el último funcionario administrativo que estaba en el edificio. En el quinto piso quedaba el personal operativo mínimo del CRUE, Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres de Medellín.
Cada vez que salía a la puerta, de mi casa a mi trabajo me preguntaba si ese seria mi último día, mi última hora. Noviembre y diciembre de 1997. Las amenazas se intensificaron en a mi casa y siempre con un mismo patrón: sucedían puntualmente a las 11:00 de la noche y las 3:00 de la madrugada. Cada noche, cada madrugada vivía con miedo.Yo no podía desconectar mi teléfono porque mi número estaba incluido en la lista de llamadas de la red de Urgencias, emergencias y desastres de Medellín.
Si algo grave ocurría en la ciudad, mi teléfono debía estar disponible a cualquier hora del día o de la noche. Diciembre de 1997 Amnistía Internacional presentó su informe anual. Incluyó una nota sobre el Ejercito Colombiano y la disolución de la XX Brigada. Capitulo aparte merecieron los abusos de la guerrilla contra la población civil.
7 de diciembre 97: La IV Brigada del ejército desplaza tropa hacia Murindó, Departamento de Antioquia, para garantizar la normalidad en las elecciones. Tropas al mando del General Ospina Ovalle.
13 de diciembre de 1997. Desaparecen cuatro habitantes de Murindó. Venían en un bote desde Riosucio en El Chocó . Los desaparecidos son Régulo Mena Rentería, Abelardo Córdova, Milé Johana Córdova, y Edilberto Cuesta. La comunidad señala a las Autodefensas. Los crímenes ocurren cuando el pequeño poblado esta supuestamente bajo control del ejercito.
Continua el control de alimentos por parte de los escuadrones de la muerte contra toda la comunidad. Diferentes entidades de Derechos Humanos denuncian que la comunidad sigue aguantando hambre.El control extremo de alimentos se hace en retaliación a la comunidad, por haber denunciado públicamente los hechos.
Mientras el ejército patrulla la región, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá montan retenes para controlar el movimiento de personas que quieren entrar o salir de Murindó a Riosucio en el Choco y hacia Vigía del Fuerte en Antioquia. Los lugareños describieron la tortura de un joven que transportaba regularmente alimentos entre Vigía del fuerte y Murindó, quien aparentemente no estaba relacionado con la guerrilla.
Enero y febrero de 1998. Ocurrieron masivas amenazas a personalidades y organizaciones defensoras de derechos humanos en todo el país. En febrero la muerte selectiva de líderes comunitarios y promotores de derechos humanos se reabrió como una epidemia en todo el país. Las amenazas fueron sucedidas por asesinatos y masacres. Lo que me estaba pasando lo sufrían miles de personas en todo el país. Defensores de Derechos Humanos y mediadores.
Las amenazas en mi contra tenían relación directa con mi mediación para obtener las pruebas de supervivencia de los Infantes de Marina y su posterior liberación. Fueron siete meses y medio en medio de amenazas telefónicas. Cuando visitaba El Centro Administrativo “La Alpujarra” tenía encuentros directos con los paramilitares que por la época recorrían tranquilamente los edificios públicos.
Hombres negros y morenos, de saco y corbata, me saludaban en la plazoleta, con suma cortesía. Me preguntaban si había vuelto a visitar Vigía del Fuerte o Murindó. Los funcionarios de la gobernación, que sabían que yo estaba juntando datos me avisaban sobre la presencia de reconocidos líderes paramilitares caminando tranquilos en las oficinas de la Gobernación de Antioquia y en la Asamblea Departamental a la vista de todo el mundo. Eran los últimos meses de mandato del gobernador Álvaro Uribe Vélez.
Compré los pasajes de avión para salir de Colombia. Tenía un colega, periodista de Israel, (JSF, del Diario B´Air (La Ciudad), de Haifa que me podía conseguir un sitio en un Kibutz de Galilea. Con mucha prevención cumplimos todas las diligencias ante el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) para salir al exterior.
No tengo ni tuve un solo antecedente penal, ni de policía, ni un proceso disciplinario en mi trabajo. Tampoco tengo pendientes procesos fiscales o por malversación de fondos públicos. Mi problema era la acusación que había presentado contra el ejército y las autoridades de los poblados del río Atrato.
RUMBO AL EXILIO Viernes 13 de febrero de 1998: Salí de mi oficina como si fuera un fin de semana normal. Administrativamente había pedido una licencia no remunerada por tres meses. No he vuelto a Colombia desde entonces.
En Israel me protegieron los miembros de los Kibutz Bar Am en Galilea, Nir Yitzhak en el Néguev cerca a Gaza y Yotvetáh frente a Jordania.
Antes de cumplir la mediación para obtener las pruebas de supervivencia y denunciar al Ejercito Colombiano, yo gozaba de tranquilidad económica con mi trabajo, el afecto de mi familia, y salud mental suficiente para llevar una existencia plena. Después de hacer la mediación humanitaria para salvar a los diez Infantes de Marina, la “justicia” no podía garantizar nuestra seguridad.
A los pocos días de mi salida de Colombia, asesinaron en el centro de Medellín al abogado y defensor de los Derechos Humanos, Jesús María Valle Jaramillo, con el cual yo tenía buena amistad. Jesús María Valle Jaramillo había presentado una denuncia muy similar a la mía: pruebas de la responsabilidad del ejército en las matanzas que estaban ocurriendo en municipio de Ituango, al norte de Antioquia. Esa iba a ser mi suerte si volvía a Colombia.
Entonces renuncié formalmente a mi cargo de carrera administrativa en Metrosalud e inicié los trámites para conseguir el Status de Refugiado.
ULTIMOS HECHOS LAS VÍCTIMAS DEL ESTADO COLOMBIANO PEDIMOS JUSTICIA
El noviembre de 2006 fui informado de que durante los últimos años la Fiscalía de Colombia en vez de verificar mis acusaciones y los datos detallados sobre las masacres, se había adelantado un proceso penal en mi contra por relaciones con la guerrilla.
Igualmente, fui informado de que había sido sobreseído de todos los cargos. (Resolución 269 del 9 de noviembre de 2006) El proceso fue adelantado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá. (Diagonal 22 B Nº 52 – 01 Bloque F, piso 1. Asistente Judicial (tramitador) Diego Martínez Vera. En resumen: Hechas las denuncia sobre las masacres, la Fiscalía abrió investigación en mi contra.Se desestimaron todos los cargos en mi contra, pero en cambio dudo que se haya investigado realmente lo que denuncié.
Si hubieran investigado, Álvaro Uribe Velez no sería hoy el presidente de Colombia. La “justicia” colombiana omitió iniciar diligencias contra los cómplices (por omisión) de estos asesinatos. Cuando en Colombia exista justicia, por los hechos que he denunciado, por omisión criminal, deben responder las siguientes personas en relación directa con sus cargos: -El Presidente de la República, (1994 – 1998) Ernesto Samper Pizano.


-Los gobernadores de Antioquia y Chocó: El Gobernador de Antioquia entonces era ALVARO URIBE VÉLEZ , hoy presidente de Colombia. -El Comandante de las Fuerzas Militares. -El Comandante de la II División del Ejército. Los Comandantes de las IV y XVII Brigadas. -El Comandante de la Infantería de Marina. -Los Comandantes de Policía de Antioquia y Chocó. -Comandantes de Policía en Murindó y Vigía del Fuerte. -Toda la Dirección del DAS (Seguridad). -El Alcalde de Vigía del Fuerte, Wilson Chaverra.
- El fiscal general de laNación Luis Camilo Osorio. *


Han pasado 9 años de éstos hechos y no he visto justicia para las víctimas ni para los sobrevivientes. Diferentes testigos que han declarado contra el General Rito alejo del Río Rojas han sido asesinados. No ha servido la justicia colombiana ni han sido diligente otras opciones de justicia similares a Corte Penal Internacional. Por tal motivo hago entrega pública de este relato y me ratifico en cada uno de los puntos que he indicado. Hago un llamado a cada testigo de éstos hechos para promover un juicio verdadero a éstos criminales. Tenemos el derecho a exigir justicia.


Esperamos que un día termine la Noche y la Niebla que hoy gobiernan en Colombia. Ricardo Ferrer Espinosa 


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NUESTRO SOLENCIO SOLO FAVORECE A LOS VICTIMARIOS


TEXTO RECUPERADO:
HOMENAJE AL MÉDICO MARIO ANDRÉS FLORES. Autor anónimo.
Publicado en la revista Semana 29 junio de 2003
Mario, la tierra que hoy te llora. Mario Andrés Flórez, fue más que el médico del pueblo para los habitantes de Murindó (Chocó). Sin embargo alguien no pensó así y por eso su cuerpo fue encontrado en a las afueras de Caldas (Antioquia). Su vida la dedicó a ayudar a los habitantes de esta población amenazada no solo por las corrientes del río Atrato, sino por la violencia que le quitó la vida. Fecha: 06/29/2003 -1104 Una llovizna acompañaba el silencioso cortejo que subía la pendiente de Campos de Paz cargando el cajón con el cuerpo de Mario Andrés Flórez. Sólo se oía el sollozo intermitente de alguien que no podía controlar su tristeza y dejaba escapar una queja que todos entendían. La impotencia y el vacío hacía que rodaran lágrimas mezcladas con gotas de lluvia por los rostros cercanos que acompañaban el féretro. Mario Andrés era sin dudarlo uno de los seres más significativos de Murindó. Su médico, el médico del pueblo, como lo llamaban cuando lo veían pasar seguido por una corte de niños que revoloteaban a su lado y para quienes era más que un padre. Iba y venía trajinando seguramente con algún proyecto de salud o de beneficio para los habitantes de esta localidad. Aparte de su labor como gerente del hospital, desde donde organizaba constantemente brigadas de salud preventivas como las de vacunación o curativas (en el hospital atienden de 400 a 700 citas al mes), Mario solía ser un líder en muchas cosas. "Con su primer sueldo había comprado paneles solares con el fin de llevar la primera televisión al pueblo para que los muchachos se divirtieran. En otra ocasión hizo llevar dos bicicletas para que los niños aprendieran a montarlas y organizaba salidas a pescar con trasmallo que hacía comprar a su familia en Medellín", recuerda don Omar Flórez, su padre. Hace cerca de un año su esfuerzo fue para la construcción de la pista de Murindó, uno de los proyectos más importantes del último año por su gran significación para la población ya que permitió vencer los bloqueos que los violentos imponían al río Atrato, logrando traer enseres y comida vía aérea. "Para el hospital significó un ahorro de casi un millón de pesos mensuales poder llegar en avioneta hasta el pueblo, aclara Luz Esneida Piedrahita, administradora del hospital, traer los medicamentos y sacar directamente a los enfermos sin tener que trasladarlos primero por el río hasta Vigía del Fuerte fue un gran logro". Bondadoso y jovial, Mario estaba comprometido con esa población como si fuera un natural del pueblo. Pendiente de las tristezas y las alegrías de las comunidades negras e indígenas que habitan este pequeño vecindario de 2.500 habitantes en la ribera del río Atrato, disfrutaba la cultura afro de los moradores. "Le encantaba meterse en las cocinas a probar los potajes de las matronas que se sentían felices de tenerlo como comensal porque todo le gustaba" comenta Alicia Rubianes, su madre. Aunque no era muy rumbero, les montó a los jóvenes del pueblo una discoteca donde se divertían oyendo su música y bailando, "claro que sin ingerir licor" recuerda Esneida. Cuatro meses duró el embeleco hasta que alguien infringió la norma y la cerró. Su carrera profesional comenzó en Murindó, luego de terminar sus estudios en la Universidad de Antioquia. En ese entonces acababa de suceder el terremoto que arrasó con el pueblo y obligó su traslado a otro lugar, donde fue construido sobre zancos para escapar de las continuas inundaciones a que los somete el poderoso río mientras espera impaciente ser trasladado de nuevo al pie de monte de donde era oriundo. En ese entorno el doctor Mario llegó debido a que el médico de la localidad había renunciado. Después de cuatro años de trabajar como gerente del hospital, cuando mucha gente del pueblo lo animó a proponer su nombre para la Alcaldía, le llegó una amenaza inexplicable donde decía que debía abandonar la aspiración y el pueblo. Fue así como llegó al municipio de Nariño, Antioquia, donde también le tocó vivir la toma del pueblo por las Farc de hace cuatro años. Con bandera blanca izada encabezó una comitiva con uno de los sacerdotes del lugar con la que lograron sacar algunas de las familias atrapadas entre el fuego cruzado. Posteriormente estuvo trabajando en San Roque donde permaneció algún tiempo y más tarde regresó a Murindó, donde estaba ya desde hacía poco más de un año. Su tía Gladis de Galarza varias veces lo invitó a que se fuera a vivir con ella y su familia a Australia, pero Mario desdeñaba la invitación diciéndole que tenía mucho que hacer en su pueblo. Su última intención había sido la de comprar un apartamento para sus padres ya que nunca se casó pese a que ya contaba con 38 años. Había llevado a su mamá en busca de aprobación para la nueva casa,"tendríamos que pintarla un poco y arreglarle el piso", recuerda doña Alicia. En el momento de su entierro, la historia de su vida pasa por las mentes de los que lo conocieron. Todo esto y su buena energía destruidos por acción de los violentos que le segaron la vida. Lo dejaron tirado sin miramientos en un lugar de la vereda de La Tolva en el municipio de Caldas, Antioquia, con un tiro en la cabeza y con las manos y pies bien atados. Un campesino de la zona lo encontró y lo reportó. Su muerte que ocurrió el jueves sólo se conoció hasta el domingo cuando uno de sus siete hermanos, el menor, Giovany, lo halló después de dos días de búsqueda en el hospital San Vicente de Caldas. Luis Alberto Lozano Quejada, un muchacho sordomudo de 22 años que andaba con Mario, quien lo había traído de Murindó con sus propios recursos para un tratamiento para recuperar el habla, estaba desaparecido. Sólo se supo después, cuando pasados cuatro días lo encontraron en otro sitio de Sabaneta también muerto. El diario local publicó luego que el alcalde de Murindó, Oswaldo Quejada estaba amenazado por el Bloque Metro de las Autodefensas y debería salir del pueblo si no quería que le pasara lo mismo que a Mario. Desde ese momento nadie sabe donde está. Así, sin quién guíe la Alcaldía y el hospital, el pueblo se encuentra prácticamente a la deriva y desolado. Sólo queda la memoria reciente de los jóvenes recogiendo de casa en casa todas las flores para ofrendárselas a Mario en una hermosa corona en forma de corazón que enviaron con la inscripción: las flores de la tierra que hoy te llora, Murindó. VER EN ESTE MISMO BLOG OTRAS INFORMACIONES SOBRE EL MÉDICO ANDRÉS FLORES.


NUESTRO SILENCIO SOLO FAVORECE A LOS VICTIMARIOS.


Ricardo Ferrer Espinosa
Publicado por Madrid, España,
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Blog basado en Denuncia 18690, 13/ 06 /1997, fiscal Cristina Bustos G. Masacres en el Atrato.

Dos blogs y un libro han servido para avivar la Memoria Insumisa:

http://testigoysobreviviente.blogspot.com

Blog iniciado el 28 de febrero de 2006.

http://mercenariosencolombia.blogspot.com

Colección básica de textos y noticias sobre mercenarios. Pendiente de procesar.

- Libro: "Nos matan y no es noticia". Editorial Cambalache 2010. Ha sido presentado en Oviedo, Cáceres, Tenerife. Valencia 2 de julio, 3 de julio en Carcaixent, y en Málaga 8 de julio.

El libro está disponible para ser descargado desde el siguient enlace:

http://www.pachakuti.org/textos/campanas/paracos/sin-noticia-nos-matan.html

Desde este enlace se puede descargar el libro completo, con las listas de Víctimas y victimarios. Y retomo el homenaje anónimo al médico Mario Andrés Flores.